Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), presentó un amparo en contra de los actos privativos de la libertad ordenados por el gobernador de la entidad, entre ellos, las órdenes de aprehensión que pesan en su contra por robo, lesiones y ataques a las vías de comunicación.

 

El activista reconoció que pese a la obtención de la suspensión provisional para la ejecución de las órdenes en su contra, esto no garantiza que los agentes encargados de ejecutarlas no vayan a detenerlo, pues sólo se trata de una estrategia de su defensa para conocer que autoridades solicitaron su captura.

 

En entrevista con 24 HORAS explicó que no obstante los ordenamientos judiciales en su contra, regresará a las mesas de diálogo que se tienen programadas para la semana que entra en la ciudad de Chilpancingo, aunque por el momento se atiende de los problemas de salud que lo aquejan.

 

Pese a que no se presentó en la reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, garantizó que el próximo martes participará en persona en los debates para establecer las estrategias de seguridad en los municipios de Guerrero, por parte de las Guardias Comunitarias.

 

Plácido Valerio inició la demanda 365/2014 ante el Juzgado Quinto de Distrito del 21 Circuito en contra del “Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo”, como se lee en las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.

 

Por ello, tras dejar una fianza de 34 mil 250 pesos, Plácido Valerio obtuvo la suspensión provisional de los actos privativos de libertad; orden de aprehensión, detención, presentación o privación ilegal de la libertad.

 

Se fijó a las 9:10 horas la próxima audiencia constitucional para la presentación de pruebas, y se solicitó a las autoridades correspondientes que presenten los informes justificados sobre las presuntas órdenes de aprehensión en contra del quejoso.

 

Bruno Plácido dijo desconocer qué tipo de autoridad y por qué delitos se ordenó detenerlo, por eso, espera que con el amparo “buscador” se pueda precisar de qué lo acusan, y si es que hay la orden de capturarlos, aunque dijo estar tranquilo, pues lo único que ha hecho es proteger a las comunidades indígenas de los grupos criminales.

 

“Se tramita por separado el incidente respectivo. Se solicitan los informes a las autoridades de mérito. Se concede la suspensión provisional siempre y cuando el quejoso cumpla los requisitos aquí expuestos. Se reserva notificar al tercero interesado. Apercibimiento de autoridad inexistente. Expídanse las copias que solicita. Se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiséis de agosto de dos mil catorce para la audiencia incidental”, fue notificado a través de las listas de acuerdos.

 

Fuentes estatales informaron en días pasados que a nivel local hay dos órdenes de aprehensión por los delitos de robo y lesiones, mientras que a nivel federal enfrenta un ordenamiento por ataques a las vías de comunicación derivado de los bloqueos de la Autopista del Sol entre Chilpancingo y Acapulco que se realizaron los días 5 y 6 de agosto respectivamente.

 

Las autoridades consultadas reconocieron que la Ley Comunitaria Indígena permite a los integrantes de las denominadas guardias comunitarias portar armas de fuego pero solo dentro de sus localidades, esto con base a los usos y costumbres de cada poblado.

 

Por ello, han sido tolerantes con los miembros de estos grupos, mismos que han ayudado significativamente a mantener y el orden la seguridad en sus comunidades.

 

Sin embargo, en los últimos meses se ha detectado un desplazamientos de las guardias comunitarias fuera de sus lugares de origen, inclusive se habló de su presencia en dos poblados del Chilpancingo, por ello la instrucción a las autoridades de Seguridad Estatal es de no dejarlos avanzar.