En el México de nuestro tiempo, con las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto presentes en la política social de nueva generación del gobierno de la República, la comunicación se distingue como una herramienta básica para fortalecer los vínculos con la sociedad a través de su participación en las soluciones de sus problemas, desde la planeación hasta la integración de políticas, estrategias y programas para su apoyo, en una marcha acompasada con los gobiernos municipales, estatales y el federal.
De esta manera se avanza hacia el cumplimiento de uno de los objetivos planteados por el Jefe del Ejecutivo Federal para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos sociales, componente insoslayable de los derechos humanos, a fin de ampliar y sustentar una más sólida democracia para los mexicanos.
Como lo ha expresado categóricamente la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, “se trata de actualizar nuestra democracia para llevarla más allá de la formalidad del voto, y anclarla en el ejercicio efectivo de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes y tratados internacionales suscritos por México”.
Hoy México se suma a los países que instrumentan una política social con enfoque de derechos, lo cual resulta evidente en los contenidos y la articulación de los instrumentos de planeación como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Desarrollo Social 2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2014-2018 y el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018. Asimismo, el enfoque de derechos tiene su reflejo en la Cruzada Nacional contra el Hambre, con el reconocimiento del derecho a la alimentación como una prioridad.
Un rasgo significativo de la política social de nueva generación es el papel de la comunicación en la participación social. Las personas son titulares de derechos sociales y no sujetos pasivos de las acciones gubernamentales. Por ello se está redefiniendo la relación entre las instituciones gubernamentales y los ciudadanos y sus comunidades, se da cabida a su voz y capacidad de decisión, alentando su intervención en los ciclos de la política pública.
En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la política pública participativa por excelencia del gobierno del presidente Peña Nieto, se han creado más de 60 mil comités comunitarios y se han emplazado más de nueve mil promotores ciudadanos para fomentar su operación y auxiliar a las comunidades en la orientación de la acción gubernamental para la atención de rezagos sociales específicos.
Hoy, la política social se hace en el territorio, surge desde abajo, pone en movimiento a la gente y a la comunidad, genera esperanza. Se construye así un gobierno cercano, cara a cara, con el ciudadano, como lo ha señalado la titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Esta manera de hacer la política social permite superar los liderazgos inamovibles, los cacicazgos, las clientelas, y crea nuevas posibilidades de gestión social para recobrar su sentido colectivo y trascender el individualismo; se refresca y revitaliza la representación democrática de la comunidad.
La participación social alienta la equidad de género, pues de las poco más de 216 mil personas integradas a las mesas directivas de comités comunitarios, 156 mil son mujeres. Un ejemplo vivo de esta dinámica participativa son los mil 959 comedores comunitarios en operación, donde se garantiza la alimentación de niñas y niños, de mujeres embarazadas o en lactancia, así como de adultos mayores y personas con discapacidad.
La Cruzada, sin embargo, es sólo una parte de la política social. Junto a ella, este gobierno despliega todo un rico mosaico de políticas públicas enfocadas a atender diversos temas de la agenda social.
Se creó el Seguro de Vida para Jefas de Familia, que forma parte del compromiso del Presidente de la República de avanzar hacia la seguridad social universal, el cual brinda protección a los hijos en situación de orfandad a fin de apoyar la continuidad de sus estudios hasta culminar la educación superior.
Se redujo de 70 a 65 años la edad para ser beneficiario de la Pensión para Adultos Mayores, una prestación contemplada en la Ley de la Pensión Universal, iniciativa del presidente Peña Nieto ante el Congreso de la Unión. Con ello se incorporaron dos millones de adultos mayores más, beneficiando así a un total de 5.6 millones de mexicanas y mexicanos con acceso a la seguridad social, otro de los derechos fundamentales para el bienestar de los individuos.
Se ha fortalecido el Programa Oportunidades, mejorando sus acciones en salud, en educación y vinculando a sus familias con programas sociales productivos para elevar sus ingresos. Se ampliará, además, su cobertura, pues se prevé al final de este sexenio alcance a 6.5 millones de familias, 700 mil más con respecto al cierre de 2012.
En la construcción de una política social con enfoque de derechos, la comunicación juega un papel fundamental, en un proceso de trasmisión de mensajes desde los destinatarios del apoyo de Nación en su conjunto, hasta quienes toman las decisiones, pasando por funcionarios municipales, estatales y federales, técnicos, promotores y, desde luego, de manera señalada, la sociedad civil.
Una sociedad sin vínculos eficaces de comunicación, sobre todo en materia de política social, es una sociedad en riesgo de caer en el inmovilismo, aún más, en el retroceso.
Hoy, la nueva política social se sustenta, a la vez, en una estrategia de comunicación que fortalece los vínculos con la sociedad y alienta su participación en la construcción de las políticas públicas.
La comunicación en el marco de esta administración ha recuperado su carácter de herramienta de doble vía: es decir, de las instituciones hacia los ciudadanos, pero también de éstos hacia los espacios gubernamentales. Se deja atrás la comunicación como un ejercicio unilateral, de arriba para abajo, y se alienta, en cambio, la práctica de escuchar la voz de las comunidades para incorporar sus prioridades en el diseño de la política social.
Se trata de un formato democrático, abierto, dialogante y plural, donde la palabra de los ciudadanos ocupa espacios cada vez más importantes en el contexto de la comunicación y la información que genera el quehacer de la política social.
Un cambio visible es la transformación de la política de comunicación de la Secretaría de Desarrollo Social al alentar a la gente a hablar, haciéndola visible como mujeres y hombres integrantes de los programas sociales, como los verdaderos protagonistas de su propio desarrollo.
La comunicación democrática desplegada por este gobierno reconoce y alienta el importante papel asumido por la sociedad en la construcción de las soluciones para superar la pobreza y los rezagos sociales. Y por eso es parte también de la política social de nueva generación.
(*) Director General de Comunicación Social
de la Secretaría de Desarrollo Social