Ante la inseguridad y violencia el ciudadano teme por su vida y huye a otro lugar, pero aquellos que se mantienen y persisten tienen la opción de exigir que las autoridades cumplan con su labor, sean transparentes y rindan cuentas.

 

Así lo visualiza Francisco Rivas Rodríguez, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), respecto a la ampliación de la red de observatorios ciudadanos locales en el país, con el objetivo de que la sociedad civil en acompañamiento del gobierno encuentren las mejores soluciones en materia de políticas públicas y seguridad.

 

Sin embargo, Rivas Rodríguez reconoció que ante la grave problemática de criminalidad que prevalece en Michoacán y Tamaulipas, el ciudadano prefiere desplazarse y no exponerse, debido a que muchas autoridades están coludidas con los delincuentes y en esa situación “no hay en quien confiar”, dijo en entrevista con 24 HORAS.

 

 

En unos días arrancará el observatorio ciudadano en Tampico ¿Cuál es el objetivo de ampliar esta red?

 

La idea es fortalecer el trabajo que hacemos a nivel nacional en lo local, verificar que la información que nos proveen las autoridades sea de calidad, que efectivamente haya un seguimiento en lo local y que nos digan con contundencia cuáles son las soluciones que nos ha aportan.

 

 

Pero así como a nivel federal, hay autoridades locales que no están dispuestas a rendir cuentas.

 

Precisamente por eso nuestra labor se vuelve tan importante, porque como ciudadano la rendición de cuentas y la transparencia no son términos menores, ni favores que la autoridad nos hace, no es una concesión, es una tarea y una obligación de las autoridades. El que una organización civil exija, demande y pida que cumpla con su labor, va aunar a encontrar mejores indicadores, mayor calidad de información para que el ciudadano pueda tomar mejores decisiones en materia de política pública.

 

No parece una labor fácil

 

Este trabajo no es sencillo, este tipo de trabajo es caro porque hay que mantener una organización y eso implica, sueldos, rentas, publicaciones, etcétera, pero es una labor fundamental y necesaria para que podamos mejorar las condiciones de seguridad de nuestro país. Es fundamental que los ciudadanos asumamos que si no somos parte de la solución, somos parte del problema, y necesitamos dar voz a los ciudadanos, a las víctimas, fortalecer los lazos de comunidad para mejorar.

 

¿Se corre un riesgo?

 

Es un trabajo que requiere de cierto valor cívico, porque nosotros hacemos un debate de lo que no está sucediendo y lo que debería de suceder, y presentamos nuestras encuestas, y hablamos de temas de seguridad, y de alguna manera nos exponemos.

 

¿Qué pasa en el caso de Michoacán, por esa “exposición” es que no hay esta iniciativa?

 

Es que cuando se tiene un problema de inseguridad como el que se vive en Michoacán o en Tamaulipas, para muchos ciudadanos la cosa más sencilla es mudarse a donde este problema no exista, y es válido porque lo que se busca es no exponerse, no exponer a su familia, y parte de este trabajo es exponer parte de tu integridad y seguridad física.

 

En Michoacán y Tamaulipas indudablemente entendemos que no cualquier está dispuesto a poner en riesgo su vida, además de que en algunos casos tampoco existen los recursos.

 

¿Entonces huir resulta la opción?

 

Hay formas de reaccionar ante esas problemáticas que pueden ser por sí mismo inhibidores , luego cuando tenemos autoridades, que en el caso particular de Michoacán, tenemos condiciones de colusión con la delincuencia, resulta más difícil aun decidir exponerse, jugarse la vida, sus recursos económicos, y su seguridad porque vemos que no tenemos en quién confiar

 

¿Qué opina de los videos que han evidenciado esa “falta de confianza”?

 

Es algo que los michoacanos ya nos decían, algo que sabían pero no es lo mismo saberlo de oídas a que aparezcan en video. Estos es una problemática compleja pero añeja, porque no es de ahora, ni de esta administración, ya ha existido, pero tenemos con toda contundencia que pedir a las autoridades que resuelvan, que nos rindan cuentas y entender porque un ciudadano común se sienta a hablar sobre temas de seguridad y control del territorio con un delincuente o un representante de los delincuentes, esto no puede suceder.

 

¿Dónde hay mayor participación ciudadana, hay menos delitos?

 

Vemos que esa es una posibilidad, pero no es lo mismo para todas las personas porque no tiene las mismas motivaciones, ni los mismos recursos que los haga pensar “bueno si yo me expongo los resultados serán positivos”. Entendemos que en muchos casos es más fácil que el ciudadano sienta miedo y se repliegue, a que salga a las calles y luche. El caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, donde tuvimos una sociedad totalmente apabullada por la alta incidencia delictiva que llegó a ser nota a nivel internacional. Lo más relevante, es que vimos a los ciudadanos comprometidos a luchar e invertir recurso y tiempo para resolver una problemática de esa magnitud, donde hoy se tienen avances importantes.

 

¿Qué hay de aquellos ciudadanos que asumen la responsabilidad de informar, que harán con esos datos?

 

Es interesante porque es una información adicional de la que sabemos del número de delitos que se denuncian y se reportan por parte de las procuradurías locales. Pero la metodología del Observatorio es muy clara, lo que hace es tomar la información pública sobre incidencia delictiva, sobre el número de averiguaciones previas que la autoridad local abre y reporta al Secretariado Ejecutivos del Sistema de Seguridad, y de ahí pasamos al análisis de si esa información es sujeta a cambios o no, si son cifras que corresponden con la realidad de lo que se vive en lo local o no.

 

Pero en ese análisis ¿qué pasa con las cifras de PGR que no están incluidas en las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública?

 

Eso hemos venido negociando y demandando, lamentablemente la autoridad federal se excusa diciendo que es muy difícil, que es muy fácil duplicar porque tal vez primero yo levanté mi averiguación previa  ante la procuraduría local  y luego fui a la PGR y abrí otra, o la local mandó el caso a la federal. Pero no, estamos en desacuerdo porque sabemos que sí se puede lograr el depurar los datos, e inundablemente tenemos la obligación de saber qué está aconteciendo en el ámbito federal, porque vemos que la averiguaciones de una entidad van a la baja pero sabemos por otro lado que los delitos van al alza, eso apunta a que sí están los registros pero no son públicos.