Hoy México está más cerca que nunca de construir una política social de Estado sustentada en el enfoque de derechos humanos. Los derechos sociales como parte de los derechos humanos, son el punto de partida del Estado mexicano para dimensionar la situación que guarda el acceso y ejercicio de los derechos y a la vez las carencias sociales de la población nacional. Este señalamiento parte de una medición multidimensional de la pobreza, que es al mismo tiempo el diagnóstico para instrumentar las políticas públicas de combate a la pobreza.
Esta perspectiva de derechos permite conocer la población objetivo a partir de la identificación de los déficits o las carencias sociales y en consecuencia conocer también los retos que el Estado debe afrontar para combatir la pobreza mediante la instrumentación de las políticas públicas, tanto de desarrollo económico como de desarrollo social.
El enfoque de derechos en el marco jurídico, en la planeación y en la implementación de las políticas públicas, tiene el objetivo de asegurar su cumplimiento, situación que tiene la perspectiva de ampliar y fortalecer la democracia nacional y construir una sociedad más igualitaria.
No basta con contar con un marco normativo que reconozca los derechos humanos, con instituciones y políticas públicas orientadas para hacer efectivos los derechos, también es necesario contar con las instancias adecuadas y los mecanismos y métodos de garantías que hagan posibles y exigibles los derechos en apego a los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad reconocidos por la Constitución mexicana y la normatividad internacional.
Es claro que ésta es una lógica progresiva y que no se va a poder cumplir de la noche a la mañana, pero no hay duda respecto al imperativo de sentar las bases para el ejercicio cotidiano de estos derechos. Esta es una práctica fundamental para el gobierno y ya se ha empezado por resolver mínimos inaceptables en materia de derechos a la salud, a la alimentación, a la vivienda, sobre los cuales aún hay mucho por trabajar.
En este sentido, la Cruzada Nacional contra el Hambre es un método y una estrategia para la inclusión y el bienestar social con un componente de coordinación entre dependencias del gobierno federal y los órdenes de gobierno municipal y estatal, involucrándose de manera subrayada la participación de actores sociales y privados, con la muy destacada participación activa de los comités comunitarios mediante los cuales se definen y priorizan obras y acciones.
La Cruzada arrancó al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con el objetivo de atender el derecho a la alimentación de los que menos tienen, es decir, atender a la población en pobreza extrema con carencias de salud, educación, seguridad social, vivienda y servicios en la vivienda, así como también carencia alimentaria.
Lo deseable es que los derechos sociales lleguen a todos de manera inmediata. El enfoque de derechos a partir de los principios constitucionales, es una visión sobre una orientación, una perspectiva, un camino que debe transitarse; es un marco dentro del cual el Estado debe definir las políticas y elegir las estrategias para hacer posible el acceso a los derechos.
El cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos fundamentales requiere de la coherente articulación de un marco normativo (aún inacabado), de revisar y rediseñar instituciones y políticas públicas, así como de disponibilidad de recursos, de mecanismos de responsabilidad, de rendición de cuentas y de exigibilidad para su efectivo cumplimiento.
La tarea va más allá del corto plazo, en la que los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad orientan las acciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos sociales de los mexicanos por parte del Estado.
En este contexto, el gobierno de la República ha realizado una nueva conceptualización de la política social, basada en una visión de derechos que establece la Constitución. Por primera vez, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, los derechos sociales se establecen con el propósito de alcanzar de manera progresiva una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos.
La política social de nueva generación es una política que pretende la construcción en el corto plazo de un piso básico de bienestar, entendido éste como el acceso efectivo a niveles básicos de alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad social, ingreso digno, ambiente sano y no discriminación.
En México estamos avanzando en el enfoque de derechos en materia de políticas públicas de desarrollo social; de los derechos establecidos en la Constitución, estamos pasando a la realidad, para transformar la realidad de desigualdad social que tenemos y fortalecer los derechos de todas las personas, ese es nuestro gran desafío.
(*) Coordinador de Asesores de la secretaria de Desarrollo Social