Las leyes secundarias de la reforma energética deben exigir a Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) mayor transparencia y rendición de cuentas, porque da certidumbre a los inversionistas y reduce el costo destinado al pago de sobornos.
“La actual propuesta de ley sigue careciendo de un capítulo específico, cabal e integral que cree las instituciones necesarias para transparentar las decisiones y la rendición de cuentas”, manifestó Cristopher Ballinas, profesor en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Según el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, el caso de Oceanografía dejó en claro que muchas de las áreas del sector energético siguen contando con enorme discreción en la toma de decisiones en compras y proveedores que dudosamente la nueva ley eliminará.
“Pemex y CFE han incorporado diversos mecanismos para legitimar, más que transparentar, las decisiones que toman, como la incorporación de personal externos en los consejos de decisión, en la vigilancia de las licitaciones y en la publicación de los reportes”, señaló el especialista en estudios del gobierno, órganos autónomos y el diseño de políticas públicas.
Costo de la corrupción
“La corrupción debe controlarse no solo en el sector energético, sino en todos los sectores ya que se crea un costo en la economía del país”, afirmó Ballinas, autor del libro Las pugnas políticas en la creación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Diversos organismos e instituciones han contabilizado el costo de la corrupción y éste puede llegar a representar hasta el 8% del PIB. Además de eso, la corrupción debe eliminarse ya que la ganancia de poco se traduce en servicio e infraestructura de menos calidad”, afirmó el experto del ITAM.
“Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad deben ser una caja de cristal a la vista de todos los mexicanos e inversionistas, bajo cualquier circunstancia”, exigió Francisco Funtanet Mange, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) a los diputados y senadores que en este momento discuten la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética.
“Todos los ciudadanos eso es lo que pedimos, así como es lo que el gobierno, los legisladores y la industria quieren de las paraestatales”, manifestó el empresario a 24 HORAS.
Coordinación
Recordó que actualmente el Congreso de la Unión está debatiendo una iniciativa de transparencia y rendición de cuentas, la cual debe perfeccionarse, enriquecerse y robustecerse.
“Lo que sí debe tener la reforma energética y otros de los cambios estructurales (emprendidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto) es una transparencia irrestricta”.
“Es un interés común que siempre la autoridad energética en México y todas las autoridades busquen que Pemex sea una caja de cristal”, reiteró Funtanet Mange.
“El sistema político mexicano cuenta con las instituciones, sin embrago mientras éstas no operen integralmente, difícilmente se logrará combatir la corrupción, y contar con un gobierno abierto”, expresó Cristopher Ballinas.
El académico explicó que el sistema político mexicano cuenta con diversas instancias encargadas de llevar las tareas de control de la corrupción, transparencia y persecución de la mala gestión y delitos, así como de rendición de cuentas: “Muchas de ellas se encuentran separadas y operan sin una coordinación institucional”.
Añadió que las instituciones, tanto internas como globales, se ocupan parcialmente de la inspección y seguimiento del uso de los recursos públicos.
Las facultades de investigación se encuentran en unas y las de persecución han sido delegadas al Ministerio Público y las preventivas, correctivas quedan en otras instancias, comentó.
“Esto hace extremadamente complejo el control de empresas tan complejas y grandes como lo es la CFE y Pemex”, dijo el profesor del ITAM.
Las propuestas
Roberto Díaz Ruiz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), afirmó que las autoridades mexicanas deben de cumplir con las reglas y leyes establecidas en la constitución para combatir la corrupción.
“Pemex y CFE debe seguir al pie de la letra cada uno de los preceptos constitucionales”.
“Se deben hacer unos mecanismos y organismos como el IFAI para que haya transparencia y rendición de cuentas en las paraestatales, una vez que ya entre en operación la reforma energética”, agregó Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
“Los inversionistas internacionales en general buscan ciertas condiciones en los países en los que deciden desarrollar sus negocios, como son la estabilidad política, jurídica (un marco legal cierto y predecible), y social”, dijo Antonio Massieu, asociado y socio del despacho de abogados Santamarina y Steta.
El especialista en temas de energía señaló que esos elementos son violentados si en el país anfitrión existe un clima de corrupción, pues dificulta que los inversionistas tengan la seguridad de que sus negocios se desarrollarán de la forma en que lo marcan las leyes, y en la forma en que se desarrollan en otros países.
Elemento atractivo
“El generar un clima de certidumbre y transparencia que erradique la corrupción es un elemento sumamente importante para atraer inversiones al país, pues de esta forma los inversionistas sabrán que no habrá elementos externos que interfieran con el desarrollo de sus actividades empresariales”, dijo por su parte Cecilia Sarabia, abogada de Santamarina y Steta.
“Si bien la aprobación de la reforma energética complementará para el sector un marco legal que propiciará la transparencia y la publicidad en las actividades de la industria, será necesario que los participantes de la misma industria (tanto funcionarios públicos como el sector privado) contribuyan a estas prácticas”, añadió Massieu.
El abogado dijo que los mecanismos que incorpora la reforma energética son suficientes, pues brindan los elementos de publicidad y vigilancia necesarios para el correcto desarrollo de las actividades del sector energético.
“Podría sugerirse la inclusión en mayor medida de participación social en los procesos; si bien existe la figura del testigo social en las licitaciones, ésta podría extenderse a otras actividades, como la fiscalización de los recursos y erogaciones de las empresas productiva del Estado por parte del sector social (a través de asociaciones como Transparencia Mexicana). Este tipo de acciones contribuirían a crear un ambiente de transparencia y certeza”.