La estructura financiera del Cártel de Cali colapsó, y por ello el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó sanciones a 308 individuos y entidades quienes estaban en la lista que prohíbe hacer negocios con ellos. Esta es la ocasión que más personas han sido retiradas de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

 

Las 230 entidades y 78 individuos estaban acusados de tener supuestos vínculos con los jefes del cártel, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes permanecen en la lista, y que actualmente se encuentran en prisión en Estados Unidos.

 

“La presión económica contra el Cártel de Cali, que en su momento fue la más poderosa organización de tráfico de drogas en el mundo, surgió de una estrecha coordinación entre varias agencias policiales de Estados Unidos y de nuestros colegas colombianos. Seguimos apoyando las autoridades colombianas mientras se preparan para finalizar el decomiso de los activos de los hermanos Rodríguez Orejuela, incluyendo la cadena de farmacias La Rebaja”, indicó Adam J. Szubin, director de la OFAC.

 

En un comunicado, el organismo indicó que los señalados han demostrado que han dejado de participar en actividades ilícitas.

 

Los hermanos Rodríguez Orejuela fueron nombrados en 1995 como narcotraficantes especialmente designados por su liderazgo en el Cártel de Cali, Colombia. Tras múltiples acciones de la OFAC contra la organización entre 1995 y 2004, las autoridades colombianas lanzaron una operación de incautación de activos de los hermanos Rodríguez Orejuela.

 

En el 2006, después de su captura y extradición de Colombia, los hermanos Rodríguez Orejuela se declararon culpables de los cargos de tráfico de droga ante el Distrito de la Corte del Sur de Florida. Además aceptaron los cargos de lavado de dinero por los que eran acusados en una corte del Distrito de Nueva York. Cada uno fue sentenciado a 30 años de cárcel y una multa de 2 mil millones dólares que serían tomados de los bienes adquiridos con la venta de estupefacientes.

 

En relación con las declaraciones de aceptación de culpabilidad de los hermanos, 28 de sus parientes a los que se había señalado como traficantes de narcóticos alcanzaron en septiembre de 2006 un acuerdo con las autoridades federales de justicia y del tesoro de Estados Unidos.

 

Como parte de este acuerdo, miembros de la familia fueron obligados a romper sus vínculos con el tráfico de narcóticos, identificar propiedad financiada con recursos del narcotráfico y entregar esos activos al gobierno colombiano. Aquéllos que ocultaron activos fueron enjuiciados en Colombia.