La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, pidió al presidente Enrique Peña Nieto separar del cargo al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, pues aseguran que él y algunos familiares son propietarios de empresas que tienen contratos vigentes con Petróleos Mexicanos (Pemex).
La vicecoordinadora de los senadores del sol azteca, Dolores Padierna, dio una conferencia de prensa para acusar a Joaquín Coldwell de tráfico de influencias pues, dijo, su padre, hijos y un sobrino son propietarios de un total de seis empresas que tienen contratos vigentes con la petrolera.
La perredista detalló que el secretario de Energía posee el 60% de las acciones de Servicio Cozumel; el 40% de las acciones de Planta de Combustible Cozumel; el 40% de la Gasolinera y Servicios Juárez; el 20% de Combustibles Caleta; el 25% de Combustibles San Miguel, y el 25% acciones de Combustibles Tatic.
De acuerdo con estados financieros de Pemex, agregó Padierna Luna, todas las empresas están localizadas en la isla de Cozumel, en Quintana Roo.
En el capital social participan Fausto Nassim Joaquín Ibarra, padre del Secretario; Pedro Óscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, hijos del funcionario, así como su sobrino, Ignacio Nassim Ruiz Joaquín.
Padierna aseguró que de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que todos los trabajadores de Pemex están obligados a excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación, o resolución de asuntos en los que se tenga un interés personal, familiar o de negocios.
“Esto, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”, dijo.
Padierna Luna adelantó que el tema será llevado mañana a la tribuna de la Comisión Permanente.
“Habría que averiguar qué contratos recibieron éstas (empresas), cómo se condujeron. De entrada es tráfico de influencias y desde luego, el hecho de ocupar un cargo, violando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que le prohíbe ejercer ese cargo si él es directamente beneficiado de una empresa privada. De ahí, que tengan una visión tan privatizadora, que estén perjudicando a tal grado a Pemex como lo vamos a demostrar en los debates de la reforma energética”, remarcó la senadora.