GINEBRA. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Oklahoma, consideró hoy que el sufrimiento de Clayton Lockett durante su ejecución en Oklahoma, Estados Unidos, el pasado martes puede constituir un caso de tortura.

 

La inyección que fue suministrada a Lockett, quien no murió de manera inmediata y cuyo sufrimiento prolongado fue innecesario, va en contra de la legislación internacional de los derechos humanos, dijo en rueda de prensa el portavoz del ACNUDH, Rupert Colville.

 

Asimismo, “dicha ejecución parece ir en contra de la octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que no se deben infligir castigos crueles e inusuales”, afirmó.

 

“El de Lockett es el segundo caso de sufrimiento extremo reportado en lo que va de año y causado por el mal funcionamiento de las inyecciones letales“, subrayó Colville.

 

Recordó que el primer caso fue el de Dennis McGuire, en enero pasado, y que la combinación de los fármacos que se le administraron no fueron lo suficientemente probados.

 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité contra la Tortura han pedido anteriormente al gobierno de Washington revisar sus métodos de ejecución con el fin de evitar el dolor y el sufrimiento severo.

 

Más recientemente, en marzo pasado, el Comité de Derechos Humanos recomendó a Estados Unidos garantizar que las drogas letales utilizadas para ejecuciones provengan de fuentes legales, reguladas, y aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

 

“La aparente crueldad involucrada en estas ejecuciones recientes refuerza el argumento de que las autoridades de Estados Unidos deben imponer una moratoria inmediata sobre el uso de la pena de muerte y trabajar por la abolición de esta práctica cruel e inhumana”, dijo Colville.

 

Señaló que 32 de los 50 estados en ese país todavía contemplan la pena de muerte en su legislación, lo mismo a nivel federal y militar. 18 han abolido la pena de muerte, siendo los más recientes Maryland en 2013 y Connecticut en 2012.

 

Colville dijo que sería de esperarse que “lo ocurrido en Oklahoma deberá tener ramificaciones para las ejecuciones previstas con inyecciones letales en Texas”, donde se ha aplicado la pena de muerte al mayor número de personas.

 

La ONU, reiteró Colville, se opone al uso de la pena de muerte en todas las circunstancias.