El gobierno federal interpuso dos nuevas controversias constitucionales en contra de los gobiernos estatales y los Congresos de Zacatecas y Baja California por contravenir lo establecido en la reforma al artículo 3° constitucional y sus leyes secundarias.
A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) explicó que en el caso de Baja California, el legislativo local “aprobó la Ley del Servicio Profesional Docente para el estado, invadiendo gravemente las facultades que expresamente le atribuye la Constitución Mexicana al Congreso Federal en todo el país”.
En el caso de Zacatecas, la dependencia no explica la razón de la demanda. Sin embargo, un análisis de la organización Mexicanos Primero determinó que la ley aprobada por el Congreso estatal contradice la Constitución al no establecer que los docentes de nuevo ingreso que no aprueben las tres evaluaciones deberán ser separados de su cargo.
De igual manera, la legislación aprobada señala que los maestros con antigüedad que reprueben los exámenes permanecerán en el mismo plantel realizando actividades administrativas. Esta situación contraviene al artículo octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el cual señala que los docentes que no aprueben en tres oportunidades serán reasignados a otro centro de trabajo.
El 11 de abril pasado, 24 HORAS dio a conocer que la votación de la nueva ley de Educación de Zacatecas se aprobó en fast track, al votarse el pasado 7 de marzo a las nueve de la noche, aunque no todos los diputados habían revisado la iniciativa.
Las demandas de controversia constitucional presentadas por la Presidencia de la República contra Baja California y Zacatecas se suman a las cuatro que interpuso el consejero jurídico del Ejecutivo, Humberto Castillejos, el 15 de abril pasado en contra de Michoacán, Sonora, Chiapas y Oaxaca.
En el caso de las primeras tres entidades, la demanda es por aprobar leyes que no se armonizan con la reforma educativa al contravenir la Constitución y las leyes generales respectivas; mientras que en el caso de Oaxaca se interpuso por omitir la legislación correspondiente en materia educativa, acorde con la Constitución.
“Con estas controversias el gobierno de la República busca que se declare la invalidez de estas normas locales por ser inconstitucionales, con el fin de que se garanticen la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias en materia educativa”, señala el comunicado de la SEP.
Las primeras cuatro controversias fueron admitidas por la Suprema Corte de Justicia el 24 de abril pasado. Aunque no hay un plazo determinado para su resolución, la Consejería Jurídica de la Presidencia puede solicitar que se le dé trámite prioritario y que el pleno lo apruebe para acelerar las resoluciones.