En la víspera de ejecutarse la sentencia de muerte sobre el mexicano Ramiro Hernández Llanas en Texas, Estados Unidos, la Cámara de Diputados suscribió un misiva al gobernador de dicho estado, Rick Perry, para que reconsidere esta acción.

 

José Francisco Coronato, secretario de la comisión de los Derechos Humanos, explicó a 24 HORAS que, igual como se procedió en el caso de Edgar Tamayo, los legisladores suscribieron una serie de misivas dirigidas a las autoridades de aquel país.

 

“Firmamos algunos escritos dirigidos al gobernador correspondiente (Rick Perry), hemos mantenido, a través de la secretaría de Relaciones Exteriores, para analizar y conocer al encargado de las defensas de los mexicanos que están siendo procesados en los Estados Unidos”, afirmó.

 

El legislador morelense adelantó que mañana sostendrán un encuentro en el recinto de San Lázaro con Pablo Castro, quien preside una organización defensora de los derechos de los mexicanos aprendidos en la unión americana y que lleva, por lo menos, 51 casos similares a Hernández Llanas y Edgar Tamayo.

 

Es algo que nos lastima y nos lacera como sociedad y como mexicanos, esta discriminación galopante que se tiene allá en los Estados Unidos”, reflexionó.

 

El caso de Edgar Tamayo genera un reclamo

 

Horas previas a la ejecución de Edgar Tamayo, el diputado José Francisco Coronato sostuvo un encuentro con el connacional, en el que el procesado manifestó que “el Consulado mexicano no hizo nada”.

 

Con estas acusaciones, los legisladores federales interpusieron una denuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que dirige José Antonio Meade.

 

“Para que procediera (la SRE) a fincar un procedimiento administrativo a las autoridades consulares, reclamación que él (Edgar Tamayo) también había hecho sobre la mala atención que había tenido”, sin embargo, todavía no ha prosperado, reveló.

 

Agregó que existe un punto de acuerdo en la comisión de Relaciones Exteriores, que preside el priista Eloy Cantú Segovia, para revisar cada uno de los procesos en los 51 casos donde connacionales están en proceso de que se ejecute la pena de muerte.