Pese a que quedó demostrado plenamente que hace 12 años Guillermo Vélez Mendoza fue detenido ilegalmente, torturado y asesinado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), la dependencia se ha negado a pagar la indemnización millonaria que ordenó un juez a la familia de la víctima.
Se trata de un pago de casi 12 millones de pesos que la justicia considera apenas necesario para reponer e daño a una familia que no solo perdió a Guillermo, sino que quedó marcada luego de que la PGR acusó a la víctima de liderar una banda de secuestradores, lo que terminó ocasionando que sus padres y hermanos perdieran su trabajo y se agravara la diabetes de su madre que falleció años después.
Ayer, acompañado de sus abogados, el padre de Guillermo acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para entregar una carta al titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, exigiendo que se haga justicia al menos con el pago de la indemnización, luego de que el comandante responsable del homicidio nunca fue detenido.
“Mi hijo fue torturado, asesinado y desprestigiado públicamente, ante diversos medios de comunicación, haciéndolo aparecer como jefe de la banda de Los Ántrax (…) la PGR ha incumplido con su obligación constitucional, legal y moral de reparar el daño de manera subsidiaria”, indica la carta.
Vélez Mendoza fue detenido el 30 de marzo del 2002 por elementos de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) al mando del comandante Hugo Muro Arellano. Lo acusaron sin prueba alguna, de haber secuestrado a la dueña del gimnasio donde trabajaban. Como el entonces joven de 28 años se resistió, lo golpearon hasta matarlo.
Los agentes intentaron ocultar la causa de su muerte, pero un peritaje reveló que murió por un traumatismo en la cabeza. Un juez ordenó la captura del comandante Muro Arellano, pero tras más de una década no ha sido localizado.
En noviembre del 2009, atendiendo una sentencia judicial, el entonces procurador Arturo Chávez convocó a una conferencia en la que reconoció que Vélez Mendoza fue acusado sin pruebas y que era inocente. Además se comprometió a cubrir la indemnización que ascendía hasta 11 millones 968 mil pesos.
Pero cuatro años después no ha pasado nada. El pasado 28 de febrero el Juez Tercero de Distrito requirió al Procurador, por conducto de su superior, el presidente Enrique Peña Nieto, para que se cubra de inmediato la indemnización, o de lo contrario se incurriría en un desacato.
“No obstante lo anterior la oficina a su cargo sigue promoviendo recursos frívolos e improcedentes ocasionando que usted señor Procurador incumpla con su deber de impartir justicia (…) consideramos que no está bien informado y apelamos a usted a que se instruya a quien corresponda el pago del daño que nos causaron” concluye la carta dirigida a Murillo Karam.