CARACAS. El presidente Nicolás Maduro cumplió su amenaza de tomar medidas contra las líneas aéreas que cancelaran vuelos hacia o desde Venezuela y rompió sus acuerdos con Air Canada.

 

La víspera Air Canada había anunciado que suspendía sus viajes a Venezuela porque no podía garantizar la seguridad de su operación.

 

“Tengo que informarles, así se lo informé a Air Canada, que esa suspensión no es suspensión de los vuelos, es prácticamente una suspensión de los acuerdos ASA (Acuerdo de Servicios Aéreos)”, dijo a periodistas el ministro de Transporte Acuático y Aéreo venezolano, el general Hebert García Plaza.

 

Esos convenios se firman entre los países -en este caso Venezuela y Canadá- para que las líneas aéreas puedan volar entre uno y otro Estado.

 

“Terminamos esa relación con Air Canada hasta que el presidente (Nicolás) Maduro decida lo contrario”, agregó el funcionario. Según el ministro, la cancillería venezolana iniciará los trámites administrativos necesarios para efectuar la sanción.

 

La semana pasada Maduro había advertido a las aerolíneas que si suspendían operaciones podían sufrir severas sanciones. Las líneas aéreas reclaman una deuda de tres mil 300 millones de dólares al gobierno.

 

En enero las autoridades aeronáuticas venezolanas se reunieron con las empresas aéreas para discutir la situación del sector y la deuda que mantiene el gobierno con las aerolíneas, que surge de la diferencia entre los ingresos por la venta de boletos en bolívares y los gastos de operaciones en dólares en Venezuela, donde existe un estricto control de cambio.

 

En su comunicado de la víspera Air Canada argumentó no poder garantizar la operación tras los conflictos sociales y manifestaciones en el país sudamericano.

 

Desde febrero Venezuela se ha visto sacudida por las protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, contra la galopante inflación -que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57.3%-, el desabasto y la creciente criminalidad.

 

Maduro rechaza las manifestaciones y afirma que forman parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado en coordinación con grupos de intereses de Estados Unidos.

 

En tanto en la Plaza Altamira en el municipio de Chacao, que durante semanas ganó notoriedad por los enfrentamientos violentos entre manifestantes opositores al gobierno, civiles armados y fuerzas del orden, retomaba lentamente a la calma tras ser desalojada la víspera por las fuerzas de seguridad.

 

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó a varios alcaldes opositores a aplicar acciones para evitar la ejecución de “guarimbas”, como se llama a las barricadas, en esas jurisdicciones. Y citó a otro por desacato.

 

Según el máximo tribunal estos funcionarios deben garantizar el libre tránsito de personas y vehículos.