Con la promulgación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, ayer inició la cuenta regresiva para que a nivel federal y estatal se sustituyan los 33 códigos existentes por el nuevo y se homologue la investigación de los delitos y los juicios. La fecha límite para que esto ocurra es el 18 de junio del 2016.

 

Pero el cambio no se trata sólo de intercambiar un papel por otro, sino requiere de múltiples adecuaciones legales además de inversiones económicas y materiales en los distintos estados.

 

La carta de presentación del nuevo Código que hicieron el presidente y el procurador, lo retrata como una ley que viene a dar más transparencia a los juicio que serán orales, que privilegia los derechos de víctimas y de imputados, que marca las fases de una investigación que debe ser científica, entre otros.

 

Pero la letra chica, es decir, los artículos transitorios del código, dan cuenta de lo que tiene que pasar para que se adopte la nueva ley. Por principio de cuentas se establece que el tiempo límite es de poco más de dos años, pues es también el plazo que resta para que entre en vigor en Sistema Penal Acusatorio aprobado desde el 2008.

 

El artículo segundo transitorio indica que en cada entidad y en el Distrito Federal se deberá emitir cuando se considere oportuna una declaratoria que delineará la forma en que se adoptará el nuevo código. Posteriormente correrá un plazo de 60 días para que entre en vigor.

 

Dado que el Código Nacional de inmediato abrogará a los códigos locales, el artículo octavo transitorio dice que “todas las dependencias” que tengan responsabilidad directa o indirecta en la aplicación del código, tanto estatales como federales, deben elaborar “planes y programas necesarios para una adecuada y correcta implementación del mismo”.

 

Además se establece que la obligación de que en los proyectos de presupuesto se contemplen las partidas necesarias para atender la ejecución de estos programas, las obras de infraestructura la contratación de personal, la capacitación y todos los demás requerimientos que sean necesarios para cumplir con los objetivos.

 

A esto hay que agregar que desde hoy corre un plazo de 270 días naturales para que a nivel federal y en los estados se publiquen las reformas a sus leyes y demás normas complementarias que sean necesarias para la implementación del nuevo código, como lo establece el artículo noveno transitorio.

 

Desde el sexenio pasado se creó la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal que, en la práctica, se encarga de coordinar todo el trabajo que hace desde hace varios años.

 

Sin embargo la Auditoría Superior de la Federación, en el examen de la cuenta pública 2012, evidenció que no hay parámetros objetivos para conocer realmente cuánto se ha avanzado en los estados sobre las adecuaciones que se necesiten, y advirtió que la implementación de la reforma en el plazo marcado está en riesgo.

 

Posible demora en DF

 

El gobierno del Distrito Federal había establecido que en enero del 2015 se pondría en marcha el nuevo sistema de justicia penal al cien por ciento, incluyendo delitos graves y no graves y mecanismos alternos de solución de conflictos.

 

Sin embargo, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera comentó ayer a 24 HORAS que se está analizando si esto será factible debido a las adecuaciones legales y técnicas que se requieren.

 

“Lo que he pedido es que se hagan los análisis correspondientes dado que hay que hacer una armonización con el Código Nacional. Es algo que he pedido a la Consejería Jurídica que lo analice muy bien”, señaló.