PEKÍN. Las relaciones bilaterales entre España y China están amenazadas. El país asiático manifestó su descontento después de que la justicia española emitera una orden de arresto contra el ex presidente chino Jiang Zemin y el ex primer ministro chino Li Peng, en el marco de una investigación por por delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad cometidos en el Tíbet.

 

“China está profundamente descontenta y se opone enérgicamente a las acciones tomadas sin razón por las instituciones españolas, sin consideración por la posición de China”, declaró Hua Chunying, vocera del ministerio de Relaciones Exteriores Chino, en rueda de prensa.

 

“Sea o no tratado apropiadamente este tema está relacionado con el saludable desarrollo de las relaciones” bilaterales, así que esperamos que el gobierno español pueda gestionar adecuadamente la cuestión y distinguir lo correcto de lo erróneo”, amenazó Chunying  antes de asegurar que los intentos de mancillar el nombre de China en el extranjero con casos como el de Tíbet nunca tendrán éxito.

 

El juez español Ismael Moreno, que instruye un caso por supuesto “genocidio” en el Tíbet en los años 80-90, emitió una orden de busca y captura internacional contra el expresidente chino Jiang Zemin, en plena polémica sobre una reforma de la jurisdicción universal de la justicia.

 

Además de Jiang, el juez ordenó vía Interpol, la búsqueda y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de tres ex líderes comunistas chinos entre ellos el ex primer ministro Li Peng.

 

Moreno retoma el argumento de una anterior decisión de la Audiencia Nacional del 18 de noviembre en favor de emitir una orden de detención contra Jiang Zemin y el ex primer ministro chino Li Peng al considerar que había “indicios de la participación” de los dos hombres en los hechos que se les imputan.

 

El juez Moreno instruye un caso abierto en 2006, en base al principio de la jurisdicción universal, que permite a la justicia española desde 2005 perseguir crímenes de lesa humanidad como el genocidio, siempre que el caso no esté siendo ya investigado por la justicia en el país concernido.

 

La justicia española se considera competente para investigar el caso, ya que uno de los demandantes, el tibetano en el exilio Thubten Wangchen, posee la nacionalidad española, y la justicia china no ha abierto ninguna investigación sobre el caso.

 

La querella había sido presentada principalmente por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) y la fundación “Casa del Tíbet” contra cincos ex altos cargos chinos, entre ellos Jiang Zemin y Li Peng, por “genocidio contra el pueblo tibetano”.

 

Los cinco se encuentran, de momento, en paradero desconocido, según el auto del juez, si bien, según apuntan observadores, es raro -o muy improbable- que estén fuera de China, debido a la norma no escrita que dificulta los viajes de antiguos líderes chinos al exterior.