Usuarios de redes sociales de Tabasco están bajo la mira de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal por la ola de rumores difundidos desde el 20 de enero en Facebook, Twitter y WhatsApp sobre falsos secuestros de menores.
En entrevista con 24 HORAS, el procurador estatal, Fernando Valenzuela Pernas, reveló que la dependencia cuenta con una área de monitoreo de redes sociales que trabaja todos los días de la semana de tiempo completo y que se encarga de detectar en tiempo real amenazas, falsas alarmas, perfiles peligrosos y cualquier otra actividad que ponga en riesgo a la ciudadanía.
“Necesitamos mayor atención para tener una función preventiva”, agregó el funcionario, quien detalló que WhatsApp y Twitter son las redes donde más han detectado amenazas potenciales.
La entidad gobernada por el perredista Arturo Nuñez vive desde el pasado 20 de enero una ola de alertas que han llamado la atención de la fiscalía tras hacerse virales supuestas denuncias de secuestros y tráfico de órganos en supermercados, escuelas y parques públicos. Aunque esto también se ha visto en Yucatán, Veracruz, Campeche y Chiapas.
Valenzuela Pernas aseguró que rastrean en tiempo real a los usuarios que fomentan “la alarma social” con el fin de detenerlos y castigarlos; aclaro que con esto no buscan regular la libertad de expresión, en tal caso, puntualizó, poner las reglas para evitar más casos como los que se han presentado en las últimas semanas en Tabasco.
Sobre las declaraciones que en días pasados dio Aureola Rodriguez Cupíl, subprocuradura de Investigaciones de la PGJE, sobre “regular” la actividad de usuarios, Valenzuela Pernas explicó que eso no quiso decir la funcionaria pues de lo que se trata es de evitar que algunas personas generen psicosis”.
En la administración del priista Andrés Granier se presentó una iniciativa al Congreso local para para agregar al Código Penal el artículo 367, conocido como la “Ley de Alarma Social”, con el que se buscaba penalizar hasta con seis años de cárcel y, una multa de 300 salarios mínimos, a quien difundiera vía telefónica y por medios electrónicos “información falsa que provoque movilización, pánico y caos social”. Pero nunca se aprobó.
Hasta el momento han rendido declaración cuatro personas ante el Ministerio Público y otras cinco han sido interrogadas por agentes debido a sus conductas en los medios electrónicos.
En Oaxaca se registraron dos intentos de linchamiento en las últimas 42 horas por estos mismos rumores sobre un vehículo blanco con refrigerador que es utilizado para el secuestro de menores y tráfico de órganos humanos.
