La reforma política, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, pone en riesgo tres mil empleos en los 32 institutos electorales del país, incluidos los puestos de más de 200 consejeros, que perderán su trabajo tras la promulgación de la enmienda.

 

Leticia Catalina Soto, consejera presidenta del Instituto Electoral de Zacatecas, lidera al bloque de órganos que resultarán afectados con la reforma que transforma al IFE en Instituto Nacional de Elecciones, el cual, nombrará a los 224 consejeros de las 32 entidades, y con ello, podría despedir a tres mil empleados.

 

Los cambios, impulsados por el Pacto por México, tendrían una costosa factura para los gobiernos estatales, pues los consejos electorales, estiman que se requerirán más de dos mil millones de pesos para liquidar a los miles de trabajadores, incluidos los consejeros; sin embargo, ese dinero no está asignado en el presupuesto federal ni en los presupuestos estatales.

 

De acuerdo con la reforma, el Instituto Nacional de Elecciones nombrará a siete consejeros por estado, además, todos los empleados de los órganos electorales del país tendrán que ingresar al Servicio Profesional Electoral, por lo cual, sus empleos están en riesgo.

 

Para los institutos locales, según Leticia Soto, los cambios vulneran la autonomía de las autoridades electorales locales, así como los derechos laborales de sus más de tres mil trabajadores.

 

Según la consejera zacatecana, una vez promulgada la reforma, tras el aval de 17 Legislaturas locales, los presidentes de los 32 consejos electorales del país decidirán las acciones de protesta que realizarán para oponerse a ser relevados de sus puestos junto a su equipo de trabajo.

 

“No puede tratarse de decisiones políticas donde no se tome en consideración la experiencia de quienes en los estados han hecho un extraordinario trabajo, tenemos institutos locales que ya tienen más de 22 años conformados”, dijo.

 

Leticia Soto afirmó que los consejeros estatales estarán “muy atentos de cómo se construye la parte secundaria de la reforma porque se afecta un derecho que tienen los consejeros que se encuentran constitucionalmente designados en las 32 entidades y que se les vulneran sus derechos para los que fueron designados”.

 

Una de las contradicciones de la reforma, explicó, “es que se privilegia el nacimiento de organismos, se dota de autonomía a la PGR, y se golpea la autonomía de los órganos electorales y se afecta los derechos laborales de los consejeros y de los funcionarios públicos”.

 

La consejera admitió que en los estados hay “expectativas y una gran inquietud de cómo se pudieran afectar sus derechos laborales, se sostiene la incertidumbre de lo que sigue, cómo se van a incluir los servidores públicos en el servicio profesional electoral y como proteger sus derechos”.

 

DATO: 2 mil millones de pesos serán necesarios para liquidar a los trabajadores de los institutos locales