El 68% de la población de Guerrero, distribuida en más de la mitad del territorio, recibe la protección de las policías comunitarias, por la incapacidad del gobierno del estado de garantizar su seguridad.
El Ejecutivo estatal claudicó de tal manera a su responsabilidad constitucional y legal, sostuvo el organismo en un Informe Especial, que actualmente 68% de la población, distribuida en más de la mitad del territorio guerrerense, recibe la protección de las policías comunitarias que no cuentan con entrenamiento ni clara definición legal para su actuación.
Fue así que “el gobierno de Guerrero efectuó la legalización y legitimación de su abandono, a través del traslado de facultades esenciales que le corresponde a éste ejercer”, concluyó CNDH.
El documento, dado a conocer ayer, por primera vez muestra un mapa más preciso de este fenómeno y sostiene que se trata de, al menos, seis grupos comunitarios que tienen presencia en 46 de los 81 municipios de Guerrero, donde habitan más de 2 millones de personas, y que su surgimiento está vinculado a las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido sus habitantes y su condición de pobreza, ya que el 68.6% de la población de esas regiones viven por debajo de la línea de bienestar y el 26.3% carece de garantías mínimas de alimentación, salud, vivienda y educación.
“Estos grupos surgen a causa del abandono del estado; se trata de miembros de la sociedad que se han organizado desde una posición de exclusión con la finalidad de recuperar el orden y la paz en sus comunidades, intentar transformar sus realidades y llenar el vacío de poder que el estado y los municipios generaron”, asevera el documento.
Es tan alto el nivel de violencia en Guerrero, que la CNDH logró contabilizar 2 mil 193 pobladores desplazados de sus comunidades, 200 víctimas directas de delito y 90 indirectas.
“Debe destacarse que estas acciones y omisiones por parte de la autoridad estatal, relacionadas con la seguridad pública, han generado en estas regiones de la entidad federativa que impere la violación a los derechos humanos, y que no sea posible hablar de la existencia de un Estado de Derecho”, subraya en la página 89.
En el informe la CNDH advierte que en este momento desaparecer la función de estas policías “sin desaparecer la causa que los origina implicaría de nueva cuenta dejarlos en un estado de desamparo y desprotección, incluso aún más grave que la que había antes de su organización, en virtud del desafío que hoy en día presenta la delincuencia”.
Por ello, el organismo “observa con preocupación la postura del Gobierno del estado, quien en un primer momento apoyó a estos grupos, incluso económicamente, los reconoció y realizó diversas acciones para alentar su surgimiento y más recientemente se han realizado hechos, como la detención de integrantes de estos grupos, sin que al momento se adviertan acciones a fin de atender las causas de fondo que originaron su surgimiento”.
Dinero y equipo
Entre enero y junio de este año, la autoridad estatal entregó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ambulancias, camionetas, vehículos con blindaje, uniformes, despensas, equipos de comunicación, playeras y gorras, principalmente, con un valor a 6.1 millones de pesos. Apoyos similares dio a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), pero a ellos por 5.4 millones de pesos.
En mayo incluso el gobierno del estado prometió que duplicaría el apoyo a la CRAC, que sería de 500 mil a un millón de pesos mensuales.
El Ejecutivo guerrerense anunció también la construcción de cuatro casas de justicia, con un costo de 5.7 millones de pesos cada una, y la entrega de mil 200 uniformes, 200 fusiles AR-15, tres camionetas y tres ambulancias para el mismo grupo.
Secuestros y robos
Guerrero cuenta, dice la CNDH, con los peores índices en materia de delitos, siendo los más comunes el secuestro, extorsión y homicidio. Sin embargo, en cuatro años, como parte de los diferentes programas federales para abatir la inseguridad, la entidad ha recibido una importante cantidad de recursos, en total mil 977 millones 223 mil 700 pesos.
Por lo que el organismo ante el incremento de la incidencia delictiva, cuestiona la adecuada aplicación de esos recursos por parte de las autoridades y la falta de transparencia para evaluarlos.
“El gobierno del estado de Guerrero incumple con su obligación de adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia sus labores de seguridad pública, procuración de justicia y respeto a los derechos que van conexos, como la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal”, sostiene.
La CNDH advierte, además, que si el gobierno “no recobra las funciones de las que ha claudicado”, existe un riesgo latente de que este tipo de movimientos se expandan y asuman la justicia por propia mano, por eso le resulta “preocupante la noticia que se ha tenido recientemente sobre la conformación de un grupo armado denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo, que refieren tener presencia en las regiones de Costa Chica, La Montaña y Acapulco”.
RECOMENDACIONES
La CNDH emitió una serie de recomendaciones a los tres órdenes de gobierno con el fin de restablecer la paz en Guerrero, entre las que destacan:
* Al Senado de la República:
Adoptar las medidas necesarias de acuerdo con sus facultades constitucionales, a fin de que se analice la situación que impera en el estado.
* Al gobierno de Guerrero:
– Implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todos los municipios del estado.
– Impulsar reformas legislativas para armonizar los sistemas normativos indígenas con el estatal.
– Implementar un programa de denuncias y realizar procedimientos administrativos y penales en contra de los servidores públicos que señalen los denunciantes.
* Al Congreso estatal
Analizar las condiciones bajo las cuales se encuentran los 46 municipios señalados y tomar medidas para reestablecer el orden jurídico y la gobernabilidad.
* A los ayuntamientos
Instrumentar medidas efectivas de prevención del delito y tomando acciones inmediatas contra la impunidad.
CONCLUSIONES
– La CNDH señala que las autodefensas y policías comunitarias están vinculadas con factores socioeconómicos, inseguridad y violencia a causa del abandono de las autoridades.
– Se requieren de estrategias que permitan recomponer el tejido social.
– El gobierno estatal optó por delegar sus facultades a los grupos de autodefensa, además los alentó y apoyó en lugar de recuperar el orden y la paz pública.
– Desaparecer a los grupos sin terminar la delincuencia y la violencia, implicaría dejar a la población desamparada y desprotegida.
– Las autoridades deben buscar la coadyuvancia y colaboración de la sociedad para el combate a la inseguridad pero no que sea la sociedad quienes ejerzan esas funciones.
– La atención a la problemática requiere medidas integrales que generen el respeto a los derechos humanos de contenido económico, social y cultural, que favorecerá la prevención de la violencia y delincuencia.
– Se debe mejorar la confianza de la población en la actuación de las autoridades, por lo que se deben realizar controles de confianza y que las designaciones y sustituciones de personal mejoren la percepción ciudadana.
– Es indispensable que el gobierno de Guerrero transparente el destino y aplicación de los recursos federales en materia de seguridad pública, y el gasto del gobierno, así como la medición de los resultados para que la población evalúe a las autoridades.
Policías comunitarios
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)
Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG)
Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG)
Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP)
Policía Ciudadana de Olinalá (PCO-CRAC)
Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón.
Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes
Región Tasa
Países de la ONU* 6.9
México 18.8
Guerrero** 57.2
46 municipios con grupos comunitarios* 76.9
*Al 2011.
**Promedio de 2010 a 2012.