El INEGI y la Secretaría de Educación Pública ofrecieron presentar el próximo jueves los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, que a la fecha no se ha aplicado en siete entidades debido a la oposición de los maestros disidentes.

 

De acuerdo con los avances presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta el 29 de noviembre el censo no se había aplicado en 12% de las escuelas de todo el país.

 

En el caso de Guerrero, precisó la dependencia a través de un comunicado, los daños por las lluvias y las inundaciones complicaron el levantamiento de los cuestionarios.

 

En tanto, más de la mitad de las escuelas de Chiapas, Oaxaca y Michoacán –estados donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene mayor presencia- se negaban a responder el censo, como parte de las movilizaciones en contra de la reforma educativa.

 

En Quintana Roo, Veracruz y Yucatán menos de 10% de los planteles todavía no había enviado sus respuestas, debido a la oposición a los cambios constitucionales.

 

A pesar de las manifestaciones en contra del censo, datos preliminares del INEGI reportan que hay 1.9 millones maestros frente a grupo, directores, supervisores, administrativos, entre otros, tanto en escuelas públicas como privadas.

 

La dependencia también señala que 4% del total de centros de trabajo ya no están en funcionamiento o no pudieron ser localizados.

 

Ante la negativa de dichas entidades, en noviembre pasado el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, advirtió que los docentes que no participen en el censo quedarán fuera de la nómina.

 

“Los que no vayan al censo corren un riesgo: el censo se va a convertir en el Sistema de Información de la Gestión Educativa y esa va a ser la base de la nómina”, dijo en aquella ocasión.

 

En algunas escuelas del Distrito Federal, los maestros pidieron a los padres de familia no contestar el sondeo, al argumentar que de hacerlo el gobierno federal dejaría de pagar servicios como luz o agua y que dichos gastos tendrían que ser costeados por los papás.

 

“Algunas familias no entregaron los cuestionarios porque en un salón la maestra le dijo que no lo hiciera, entonces las mamás decidieron que no entregarían ninguno de sus hijos”, contó Natalia García, profesora de la escuela República de Haití.