Los fondos petroleros derivados de la reforma energética, a los cuales apuestan gobierno y legisladores, se destinarán a costos de contratos, estabilización de ingresos, una parte mínima al presupuesto y a fondear becas, la pensión universal y energías renovables.

 

Queda clara también, a través de la reforma al artículo 25 constitucional, la desaparición de Petróleos Mexicanos (Pemex) como empresa paraestatal y su conversión en “empresa productiva de Estado” con autonomía de gestión, de presupuesto y financiera.

 

Eso sí, Pemex tendrá la llamada “ronda cero”, como se denomina a su derecho a elegir en primera instancia qué explotar. De lo no escogido, el Estado podrá celebrar contratos con otras empresas y, en caso opcional, Pemex podrá asociarse con terceros cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) realice la licitación.

 

Un documento informativo, elaborado para las élites del gobierno y partidistas, da cuenta al detalle de la reforma energética, los puntos polémicos de las negociaciones y la salida encontrada, al tiempo de vislumbrar el futuro de la principal empresa pública mexicana.

 

El fondo petrolero, administrado por el Banco de México (Banxico), adelanta, tendrá uso múltiple. En primer lugar cubrirá los costos de los contratos, luego llenará los fondos de estabilización de los ingresos petroleros y los fondos del Estado y finalmente irá “al piso mínimo para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)”.

 

Una vez cubiertos estos objetivos, las rentas se distribuirán así: 30 por ciento a inversión de la industria petrolera, diez a becas de universidades, diez a energías renovables y diez a la pensión universal. Aquí viene un triunfo del Partido Acción Nacional (PAN): los intereses del fondo se reinvertirán y no irán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como quería el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 

En algún momento, esboza el texto, se pensó llevar a Pemex al mercado bursátil. Sin embargo, no prosperó esta iniciativa porque ello implicaría emitir acciones y se interpretaría como privatización. El gobierno sacó este tema de las negociaciones.

 

Otro punto de gran debate fue la autonomía presupuestal. De acuerdo a esta memoria, la secretaría de Luis Videgaray se negaba a otorgarla porque es una forma de mantener su control. Hoy este se dará por dos vías:

 

1.- El Congreso de la Unión pondrá límites al endeudamiento de la hoy paraestatal y próximamente “empresa productiva de Estado”.

 

Y 2.- el establecimiento de topes, también por el Poder Legislativo, para fijar el salario del personal de Pemex.

 

Aquí se cuida un ángulo: al margen de las decisiones de los legisladores, Pemex podrá proponer retribuciones para evitar la fuga de talentos del país y hacia las empresas que opten por invertir en México.

 

Capítulo especial del documento merecieron los órganos reguladores y la separación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de futuras negociaciones. Se le excluye en negociaciones y con ello se debilita su participación.

 

En cuanto a los primeros, en especial la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se le da autonomía de gestión y presupuestal y, por ende, no dependerá de la Secretaría de Energía (Sener), a la cual se margina.

 

De esa manera, por recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se le convierte en administradora de los yacimientos petroleros del país y estas funciones comenzarán 120 días después de aprobada la reforma en los términos de la legislación secundaria.

 

El PAN también consiguió marginar al STPRM con cambios al artículo 27 constitucional, donde se establece que el contratante es el Estado mexicano y no Pemex. Por ello, se asienta, los particulares que realicen esos contratos no estarán obligados a negociar con el sindicato petrolero.

 

En otros términos, se prevé la creación de otros sindicatos.