Por la indebida procuración de justicia en contra de los familiares de una víctima de secuestro asesinada en el 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.
La situación a la que la Comisión se refiere, es sobre el secuestro ocurrido el 24 de abril de 2010, cuando el administrador de la Plaza de Cobro No. 30 de Caminos y Puentes Federales (Capufe), en el estado de Tamaulipas, fue plagiado por un comando, junto con su camioneta.
Dos días después, elementos de la Sedena ingresaron al rancho El Puerto, ubicado en General Bravo, Nuevo León, para liberar al administrador y a otras personas que se encontraban en manos de delincuentes.
En el lugar se generó un enfrentamiento donde perdió la vida el administrador, junto con otras dos personas. En esa ocasión se liberaron a siete secuestrados, se detuvieron a cuatro presuntos criminales y se aseguró la camioneta, de la que sólo se sabe era blanca.
Pese a contar con una identificación que lo acreditaba como trabajador de Capufe, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, envió los restos del administrador a la fosa común.
Los familiares de esta persona realizaron sus propias investigaciones al no tener noticias y pidieron el apoyo de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia donde les dijeron que elementos de la Sedena habían asegurado un vehículo similar al de la persona que buscaban.
La CNDH pide al Secretario de la Sedena y al gobernador de Nuevo León la reparación del daño a favor de los familiares mediante la atención médica y psicológica, realizar las investigaciones correspondientes para la integración de la Averiguación Previa.
En el caso de los agentes del ministerio Público de la PGJE, la Comisión pide que realicen todas las diligencias necesarias que permitan la identificación de las víctimas para evitar que situaciones como esta se repitan.
También pide capacitación en materia de derechos humanos para los servidores públicos, tanto los de la Procuraduría como para los elementos de la Sedena.