En un hecho inédito, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño ocasionado a las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, a quienes acusó, sin pruebas sólidas, del secuestro de seis agentes federales.
En 2006, ambas mujeres originarias de Querétaro fueron aprehendidas por el presunto secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
Las mujeres permanecieron presas en el Cereso de San José El Alto, Querétaro, por cuatro años y un mes hasta que en abril de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su inmediata libertad luego de que la Procuraduría no logró sustentar la acusación en contra de ambas mujeres.
Organizaciones civiles como el Centro Prodh y Amnistía Internacional celebraron la sentencia emitida la víspera, y coincidieron en que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado posee un mecanismo para que las personas a las que se les fabrican delitos debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras, tengan derecho a exigir al menos una compensación económica por las afectaciones que les genera la acción de las autoridades.
“La determinación del Tribunal, luego de más de siete años de exigir justicia y verdad para Alberta Alcántara y Teresa González desde que fueron injustamente encarceladas, marca un hito en torno al papel que deben tener las instancias judiciales para garantizar a las víctimas el derecho a una indemnización por la actividad irregular del Estado”, señaló AI en un comunicado.
Al revisar las pruebas que están en el expediente, el TFJFA determinó que “la autoridad responsable incurrió en irregularidad administrativa, lo que les ocasionó un daño patrimonial y moral, por lo que se ordena el pago de las correspondientes indemnizaciones”.
La reparación del daño se hará por concepto de “indemnización del daño patrimonial y actualizaciones, al no haber podido trabajar durante el tiempo que estuvieron en la cárcel”, además de un pago “por daño moral, por haber lesionado su honor, sentimientos, vida privada, afectos, decoro, reputación y que su pueblo les haya perdido el respeto, y la autoridad responsable deberá reconocer su inocencia en los mismos medios donde fueron publicadas las acusaciones”, señaló la sentencia.
El litigio para resarcir las consecuencias del encarcelamiento de las indígenas inició a finales del año pasado, tras la negativa de la PGR de reparar los daños ocasionados por los cuatro años que mantuvo a las mujeres en prisión.
El TFJFA también atrajo el juicio para reparar del daño de Jacinta Francisco Marcial, quien permaneció privada de la libertad por acusaciones del mismo delito que Alberta y Teresa.
Excarcelan a más de 600 indígenas en lo que va del año
En lo que va del año, 657 indígenas que estaban en prisión fueron puestos en libertad como parte del Proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas que encabeza la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
De estas liberaciones, 606 se dieron a través de la aplicación directa de recursos económicos para garantizar la libertad provisional o definitiva de los inculpados, mientras que el resto se generó mediante gestiones realizadas ante autoridades de procuración y administración de justicia, indicó la dependencia en un comunicado.
El proyecto de la CDI busca contribuir a que la población indígena sujeta a un proceso legal acceda a la jurisdicción del estado conforme a derecho por medio de la aplicación de recursos, asistencia de intérpretes-traductores en la lengua de los inculpados, asesoría y gestoría.
“El apoyo se dirige a personas primo-delincuentes y de escasos recursos económicos. Hay que pagarles sus fianzas, el abogado, contar con asesoría jurídica, con el apoyo de Derechos Humanos. Esperamos poder sacar a un gran número de presos indígenas encarcelados injustamente hacia el mes de diciembre”, señaló Nuvia Mayorga Delgado, titular de la dependencia.
La funcionaria subrayó que muchos encarcelamientos de indígenas suceden por problemas de comunicación y falta de traductores.
En México hay más de ocho mil 500 indígenas que purgan una pena en prisión: 63% son sentenciados comunes, 30% procesados comunes, 4% sentenciados federales y 3% procesados federales, señala el Censo de Población Indígena Privada de su Libertad 2012 realizado por la CDI.
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero y Michoacán son las entidades con más casos de indígenas en prisión.
Entre los principales delitos por los que llegan a la cárcel están atentados contra la vida e integridad física, delitos patrimoniales, sexuales y contra la salud. La mayoría de los indígenas presos (72 %) se ubica en un rango de 18 a 40 años de edad, lo que significa que se trata de jóvenes en edad productiva