MADRID.- La Audiencia Nacional de España puso en libertad a la etarra Inés del Río en aplicación de la sentencia dictaminada el lunes por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la que derogó el sistema de cálculo de reducción de penas por el que seguía en prisión y exigió la excarcelación de la terrorista de ETA condenada por 23 asesinatos.

 

Del Río, de 55 años, salió de la prisión de Teixeiro, en la provincia de La Coruña (noroeste de España), acompañada de unos quince familiares y amigos que la taparon con una ikurriña (bandera vasca) para evitar que fuera captada por las cámaras. Había cumplido 26 años de los 3828 de prisión a los que la habían condenado.

 

A su salida de prisión, el hijo de una de las víctimas se acercó con una pancarta que citaba: “El Estado ha claudicado”.

 

En los últimos años, Inés del Río había cumplido condena en Teixeiro por delitos, entre otros, de atentados, asesinatos, estragos, tenencia de explosivos y falsificación de documentos. Uno de ellos, el atentado de la plaza de República Dominicana de Madrid, en el que fallecieron 12 guardias civiles.

 

Conocida con los alias de ‘Nieves’ o ‘Pequeña’, fue detenida en julio de 1987 en Zaragoza tras haber logrado huir seis meses antes de una operación en la que los GEOS asaltaron el piso de Madrid en el que se escondían los etarras y donde fueron detenidos seis terroristas.

 

La Sala de lo Penal de la Audiencia adoptó esta decisión por unanimidad de sus 17 magistrados tras estudiar la sentencia del TEDH y el informe de la Fiscalía, que estimó que de la UE el fallo sobre la etarra no da otra elección que la excarcelación de la terrorista.

 

La Sala, que estuvo reunida durante una hora y media, consideró que debe ejecutar esta sentencia porque es firme y de obligatorio cumplimiento, indicaron las fuentes.

 

La decisión del Tribunal de Estrasburgo podría obligar a España a liberar a 54 presos de ETA, lo cual despertó un fuerte rechazó entre los familiares de las víctimas del terrorismo vasco.

 

El lunes, el Tribunal de Estrasburgo anuló la conocida en España como “doctrina Parot”, que restringía los beneficios penitenciarios a los presos con largas condenas, ante una demanda presentada por Del Río y exigió su puesta en libertad.

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo español, conocida como “doctrina Parot” obligaba a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión, lo que supone una prolongación de la estancia en la cárcel.

 

Después del fallo del Tribunal Estrasburgo, la etarra, que debía haber quedado en libertad el 2 de julio de 2008 y que la citada doctrina hubiera mantenido en la cárcel hasta 2017.

 

La Sala de lo Penal adoptó esta decisión de acuerdo con la Fiscalía, que ha considerado que la resolución de Estrasburgo “es clara a la hora de indicar la medida requerida para poner remedio al derecho o derechos vulnerados y no es otra que garantizar la puesta en libertad de la señora Del Río en el plazo más breve posible”.

 

La sentencia coincide con el segundo aniversario del anuncio del “cese de la actividad armada” de ETA. Sin embargo, la banda terrorista vasca que provocó más de 800 muertos en 40 años,  se niega a entregar las armas y a concretar su disolución.

 

La situación de otros etarras

 

Pero este no será el único caso que vea la Audiencia Nacional tras la sentencia de la Corte Europea, ya que hay más casos de etarras a los que se aplicó la doctrina Parot.

 

Este tribunal revisará una por una las condenas de presos etarras que lo soliciten porque se crean afectados por el fallo de Estrasburgo.

 

Uno de esos primeros recursos que verá el pleno el viernes es el de la etarra Josefa Mercedes Ernaga, que suma más de 900 años de condena. La terrorista fue una de las responsables de atentado del gran almacén Hipercor en 1987 en Barcelona, que causó que causó 21 muertos y 45 heridos.

 

La mayoría de presos que podrían verse afectados por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son miembros de ETA, pero también los hay que cumplen penas por delitos de violación o asesinato, que tuvieron una fuerte repercusión social en España.