La iniciativa sobre la expedición de la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo, tienen como objetivo implementar mecanismos que garanticen a los mexicanos seguridad social, así como mejorar las condiciones de los trabajadores formales.

 

Según un informe del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP), del que 24 HORAS tiene copia, la Pensión Universal está dirigida a aquellas personas que para el próximo año tengan cumplidos 65 años o más, que no cuenten con una pensión y que su ingreso mensual máximo sea de 15 salarios mínimos.

 

“El único requisito para conservar el derecho al citado beneficio es acreditar su supervivencia, atender los esquemas de prevención en materia de salud y mantenerse como no pensionado”, establece el documento.

 

El beneficio económico mensual que la federación entregaría ascendería a 1 mil 92 pesos por cada beneficiario; dicho monto se actualizaría anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, refiere Raúl Mejía González, director del Centro.

 

Seguro de desempleo

 

Por lo que respecta a la Ley del Seguro de Desempleo, el CEFP  precisa que éste garantizaría que los trabajadores del sector formal que caigan en situación de desempleo cuenten con una red de protección social que les permita reinsertarse al mercado laboral formal.

 

“Sustitución de ingresos y reinserción laboral; Red de seguridad social; Estabilización macroeconómica y Promoción de la reestructuración y la eficacia” son algunos de los objetivos primordiales precisa.

 

Por su parte, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha considerado que el gasto por año para este Seguro de Desempleo ascenderá a un mil 950 millones de pesos, considerando que en parte “será financiado a través de contribuciones patronales ligadas al empleo formal -acumuladas en un cuenta individual (2%) y en un Fondo Solidario (1%)- y estará reforzado con recursos presupuestales del Estado (aportados por Hacienda)”, sostiene el proyecto federal.

 

Contempla que podrán acceder a la prestación todos aquellos desempleados del sector formal independientemente de la situación que haya originado el episodio de desempleo, que cumplan los requisitos previstos en la Ley.

 

Sobre la duración de la prestación, esta se limitará a un máximo de seis meses y será decreciente conforme avance el período de desempleo.

 

“El pago de la prestación se afectarán primero los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador y cuando estos no sean suficientes se garantiza al desempleado un ingreso equivalente a un salario mínimo por el periodo máximo mencionado de 6 meses”, sostiene.

 

El requisito fundamental para el acceso al seguro es sólo la participación del beneficiario en los esquemas de promoción, colocación y capacitación que ofrecerá el gobierno federal para su reinserción al mercado laboral, sostiene la propuesta de reforma.