El pleno de la Cámara de Diputados elevó a rango constitucional la pensión universal para adultos mayores y el seguro de desempleo, tal y como lo propuso el jefe del Ejecutivo dentro del paquete económico entregado al Congreso de la Unión.
La Pensión Universal está dirigida a las personas que para el próximo año tengan cumplidos 65 años o más, que no cuenten con una pensión y que su ingreso mensual máximo sea de 15 salarios mínimos.
“El único requisito para conservar el derecho al citado beneficio es acreditar su supervivencia, atender los esquemas de prevención en materia de salud y mantenerse como no pensionado”, establece el documento aprobado y dirigido al Senado de la República.
Se establece que el beneficio económico mensual que la federación entregará será de 1 mil 92 pesos por persona; el monto se actualizaría anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
“El monto inicial fue determinado a partir de la línea básica de bienestar mínimo definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y del valor monetario mensual de una canasta alimentaria básica”, acota el documento.
El proyecto federal plantea presupuestar 4 mil 83 millones de pesos para 2014; cifra que tomó como base la información sobre el padrón de personas de 65 años o más que emitió el Registro Nacional de Población, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Seguro de desempleo
Por lo que respecta a la Ley del Seguro de Desempleo, el sistema garantizará que los trabajadores del sector formal que “caigan” en situación de desempleo, cuenten con una red de protección social que les permita reinsertarse al mercado laboral formal.
“Sustitución de ingresos y reinserción laboral; Red de seguridad social; Estabilización macroeconómica y Promoción de la reestructuración y la eficacia” son algunos de los objetivos primordiales advierten los legisladores.
De tal forma que, será la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que destine a este Seguro de Desempleo por el orden de 1 mil 950 millones de pesos por año, a partir de 2014.
“Será financiado a través de contribuciones patronales ligadas al empleo formal (acumuladas en cuenta individual 2 por ciento y en un Fondo Solidario 1 por ciento) y estará reforzado con recursos presupuestales del Estado”, sostiene el proyecto.
Contempla que podrán acceder a la prestación todos aquellos desempleados del sector formal independientemente de la situación que haya originado el episodio de desempleo, que cumplan los requisitos previstos en la Ley.
Sobre la duración de la prestación, esta se limitará a un máximo de seis meses y será decreciente conforme avance el período de desempleo.
“El pago de la prestación se afectarán primero los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador y cuando estos no sean suficientes se garantiza al desempleado un ingreso equivalente a un salario mínimo por el periodo máximo mencionado de 6 meses”, sostiene.
El requisito fundamental para el acceso al seguro es sólo la participación del beneficiario en los esquemas de promoción, colocación y capacitación que ofrecerá el Gobierno Federal para su reinserción al mercado laboral, sostiene la propuesta de reforma.
El documento se probó con 417 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, posteriormente se rechazaron casi en su totalidad 15 reservas presentadas por el PRD (siete), PAN (tres), MC (tres) y PT (dos) y finalmente fue avalado en su totalidad por 340 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones.
Los cambios realizados al documento fueron enviados al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación, para que posteriormente pase a las 31 legislaturas estatales, ya que se requiere el voto aprobatorio de al menos la mitad más una para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Datos
-De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 66.3 por ciento de la personas mayores de 65 años en México nunca cotizaron en algún sistema de seguridad social y por lo tanto no cuentan con una pensión derivada de su relación laboral para enfrentar sus necesidades básicas.
-Según datos del Inegi, existen más de 13 millones de personas en condiciones sub-óptimas de ocupación, lo que constituye un factor de presión a la economía en materia de generación de puestos de trabajo.