La Procuraduría General de la República (PGR) abrió formalmente una averiguación previa relacionada con posibles irregularidades en  la liberación del capo del narcotráfico Rafael Caro Quintero, y en caso de que éstas se confirmen, proceder contra funcionarios que tuvieran alguna responsabilidad.

 

Autoridades de la dependencia indicaron que el procurador Jesús Murillo Karam, ordenó una investigación “a fondo” del asunto, incluyendo la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial relacionados con el caso.

 

El viernes por la noche, la PGR emitió un comunicado en el que advirtió que procedería legalmente por este caso, luego de que comprobó que fue notificada de la sentencia en favor del capo ocho horas después de que este ya había salido de prisión.

 

“La PGR tiene en su poder la constancia de notificación que se le entregó al Ministerio Público adscrito al segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito de donde se desprende que fue hasta las diez horas del día 9 de agosto cuando el Tribunal Unitario hizo del conocimiento del MP la sentencia que ordenó liberar a Rafael Caro Quintero, por lo que se encuentra preparando las acciones legales que correspondan”, indicó.

 

De acuerdo con reportes de autoridades locales, el fundador del Cártel de Guadalajara salió a las dos de la mañana de ese mismo viernes del complejo penitenciario de Puente Grande. Tampoco hubo notificación de autoridades penitenciaras federales ni locales a la PGR sobre la liberación del capo.

 

La titular del Segundo tribunal Unitario es la magistrada Irma Genoveva García Carvajal, quien ordenó la libertad del capo cumpliendo una resolución de amparo que concedieron otros tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado.

 

La PGR también arremetió oficialmente en contra delos magistrados del tribunal colegiado, José Félix Dávalos, Lucio Lira Martínez, y Rosalía Isabel Moreno, al calificar que sus razonamientos al dejar sin efecto la sentencia condenatoria en contra del capo fueron “absurdos e ilógicos”, y pidió a la corte al revisión de la sentencia.

 

Rafael Caro Quintero cumplió dos semanas en libertad, sin que se tenga conocimiento preciso de su paradero. Es considerado nuevamente, como en la década de los 80´s, prófugo de la justicia, pero esta vez no por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena sino por cargos de narcotráfico que le imputa Estados Unidos, país que pidió su extradición.