México se rezaga en innovación, productividad y competitividad debido a la gran dependencia externa, especialmente la tecnológica. Un ejemplo que resulta muy pertinente es el petróleo: tenemos el recurso pero carecemos de tecnología, capital y conocimientos suficientes para extraerlo, refinarlo y transformarlo en productos de alto valor, como plásticos y gasolina, mucha de la cual importamos.

 

Como lo sostiene el diputado federal Alejandro Rangel Segovia, “nos hemos convertido prácticamente en maquiladores de todo; y en lo que éramos potencialmente fuertes lo hemos venido perdiendo porque la investigación en ese tipo de productos la han hecho en otros lados y luego nos venden los resultados”.

 

Otro ejemplo de esta situación es que mientras observamos con asombro las fintas eruptivas del Popocatépetl, científicos y empresarios chinos visitan sus faldas para estudiar las posibilidades de aprovechar el suelo volcánico, rico en elementos conocidos como tierras raras, cuyo potencial energético podría nutrir a la poderosa industria de telefonía móvil, por citar sólo un caso.

 

La brecha entre el conocimiento que genera la investigación científica y su apropiación social, su transformación en más y mejores bienes y productos mediante la innovación, debe cerrarse cuanto antes; pero debe hacerse además teniendo en cuenta siempre la inclusión social y la obtención de mejores estándares de vida para todos. Sin desarrollo social de poco vale el crecimiento económico.

 

En el campo también abundan los ejemplos de cuánto hemos perdido en la competencia económica global. Casos como el del aguacate, el tomate, el agave y el maíz, productos todos de los que México es país de origen o con una gran variedad, sirven como motivo para reflexionar acerca de tres problemas que están en el fondo de un encuentro al que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (FCCyT), la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (LANGEBIO) convocan para este viernes 16 de agosto en las instalaciones de este último en Irapuato.

 

El primer asunto que abordarán las mujeres y los hombres de la academia, las empresas con vocación agrogenómica y legisladores en este primer simposio (habrá más) tiene como objetivo lograr una reforma legislativa que impacte a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley de Responsabilidades Públicas para que investigadores y estudiantes con cualidades y vocaciones científicas y tecnológicas puedan generar patentes e innovación que les retribuyan un mejor nivel de vida.

 

En México existen fuertes candados normativos que impiden que los científicos que reciben recursos públicos puedan incorporarse a una empresa o crear la suya propia, mientras que este tipo de incentivos es común en los países desarrollados.

 

Un segundo problema tiene que ver con el flujo de tales recursos ya presupuestados, especialmente en lo referente a los tiempos de entrega. Los proyectos científicos disponen de cierto tiempo y la demora de recursos, tanto materiales como financieros, va en detrimento de los beneficios que la ciencia, la tecnología y la innovación puedan ofrecer a la sociedad.

 

Laboratorios, observatorios, bibliotecas e institutos de investigación necesitan tener ese flujo de recursos constante y permanente, que en muchos casos se interrumpe por criterios meramente administrativos, que no comprenden la importante tarea científica, tecnológica y de innovación que ahí se realiza.

 

De la mano de este asunto, en el simposio Contribuciones de la Agrogenómica para el desarrollo empresarial y la competitividad nacional de Irapuato, este viernes, se discutirá también lo relativo a las decisiones que toman quienes fiscalizan la ubicación de esos recursos, pues, una vez que son entregados (cuando por fin sucede), el proceso carece de criterios para entender las flexibilidades que el área científica y tecnológica respectiva requiere para su aplicación.

 

Por ejemplo: un laboratorio requiere de cierto software -que incluso pudo haber sido patrocinado por alguna institución– pero que debe pasar antes por el fisco federal. De pronto, esas personas se extrañan que tal software cueste un millón de pesos, por mencionar una cantidad, y entonces se tardan meses y hasta años investigando por qué vale tanto una computadora; ergo, el instrumento no llega a ser aprovechado oportunamente. Como se ve, habrá muchos temas muy interesantes que discutir en el LANGEBIO, allá en Irapuato.