WASHINGTON. En un hecho inédito en la historia de Estados Unidos, las mayores firmas estadunidenses se unieron con grupos de defensa de las libertades civiles para pedir mayor transparencia a la Casa Blanca y al Congreso. En una carta pública, Apple, Google, Facebook y Microsoft se sumaron a la Unión Americana de Libertades Civiles (UALC), la Sociedad Americana de Editores de Noticias (SAEN), el Instituto por la Competitividad Empresarial (ICE), la Fundación para la Innovación y Libertad en Internet (DILI) y a la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal (ANAC) y decenas de organizaciones académicas, de derechos humanos y firmas empresariales para “urgir más transparencia” en la vigilancia que realizan las agencias de seguridad del país.

 

En la misiva, los firmantes plantean tres peticiones al presidente Barack Obama y a los distintos comités del Congreso estadunidense. Primero, que el gobierno asegure que las compañías a las que se les confía la privacidad y seguridad de los datos de sus usuarios (de internet, telefonía y proveedores de servicios en internet) den cuenta con mayor detalle de los pedidos del gobierno para recolectar información sobre ellos.

 

En segundo lugar, las firmas de internet y telefonía quieren que el gobierno les permita informar a sus clientes, regularmente, sobre el número de solicitudes judiciales para recibir información acerca de los usuarios y el número de individuos, cuentas o aparatos. Por último, también quieren que se les autorice a informar sobre el número de solicitudes gubernamentales acerca del contenido de las comunicaciones. “La información de cómo y con qué frecuencia el gobierno usa sus atribuciones legales es importante para la ciudadanía estadunidense”, señala la carta.

 

Las grandes ausencias en este reclamo por la transparencia son las más grandes empresas de telefonía, como AT&T y Verizon Wireless, que tuvieron gran participación en el programa de registro de las llamadas de cientos de miles de ciudadanos estadunidenses.

 

Esta petición ocurre dos meses después de que se revelaron las actividades, otrora secretas, de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés), que realizó el ex contratista Edward Snowden a los periódicos The Washington Post y The Guardian.

 

En su programa vigilancia a las comunicaciones de sospechosos de poner en riesgo la seguridad nacional, la NSA requirió a las empresas telefónicas los registros de llamadas de millones de personas en Estados Unidos, además de recolectar información de los proveedores de servicios de internet sobre comunicaciones afuera de Estados Unidos.