El grupo de senadores panistas encabezado por Ernesto Cordero logró ayer una victoria jurídica y política sobre el grupo manejado por Gustavo Madero y su flamante coordinador Jorge Luis Preciado.

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reivindicó el derecho de la bancada a decidir con plena autonomía y de manera democrática el manejo de los recursos y las reformas a sus reglamento interno.

 

Tal normatividad será válida también para el resto de las fracciones parlamentarias, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados.

 

El pleno del Tribunal convalidó los cambios estatutarios realizados por 24 de los 36 senadores el pasado 19 de junio a fin de transparentar el manejo de los 204 millones asignados al grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República.

 

El acuerdo mayoritario fue impugnado por el senador chihuahuense Javier Corral, afín a Gustavo Madero y adversario de Ernesto Cordero, mediante un recurso interpuesto ante el Tribunal Electoral.

 

Los siete magistrados votaron en contra de entrar en la litis por carecer de jurisdicción. A propuesta de Salvador Olimpo Nava Gomar, avalaron la resolución 995 de no interferir en la vida interna de las representaciones legislativas.

 

Dice la sentencia:

 

“La materia de impugnación está vinculada con el derecho parlamentario y no con el derecho de asociación en materia político-electoral”.

 

El magistrado Manuel González Oropeza fue más lejos en su consideración:

 

“Al interior de cada fracción parlamentaria; es decir, que de acuerdo con la normativa del Congreso, cada fracción es libre de constituirse y determinarse de acuerdo con sus estatutos y los estatutos los fija la mayoría de los integrantes de esa fracción parlamentaria”.

 

Queda pendiente de resolución otra impugnación, presentada en términos similares e impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, contra la democratización de las decisiones de los senadores panistas y de los recursos que reciben.

 

Dado el antecedente y por no ser materia político-electoral, es previsible que la deseche el TEPJF.  (Con información de Roberto Fonseca)