Pasada la elección, se acabó la excusa. El gobierno federal lleva ocho meses en el poder. Es tiempo de aterrizar. Al principio, se tenían que organizar. Después se cruzó la elección, el addendum del Pacto y demás. Hoy, no hay excusa para controlar gasto público, inversión federal y operación gubernamental. Urge la operación que impulse el desarrollo de una sociedad potente pero que carece del combustible básico del desarrollo: crecimiento económico.
Ya pasó suficiente tiempo para que los nuevos funcionarios conozcan sus dependencias, planeen y diseñen sus programas, ahora hay que ejecutar. El reto no es menor. El mundo de la instrumentación de la política pública es distinto y más complejo que el de la planeación.
Esperamos ver al subsecretario de Egresos ejercer el presupuesto; al subsecretario de Seguridad Pública anunciar su programa, instrumentar operativos certeros que contengan la violencia de la mano del área de prevención. Queremos ver los frutos de la coordinación de gabinetes. No se esperan resultados pero sí acciones. Lo que no se contrata este año repercute en 2014 y en adelante.
Hasta ahora, en gobernación se resuelven negociaciones cupulares y se atienden las crisis políticas, pero la violencia sigue ahí sin que alguien explique. En hacienda, se diseñan las reformas estructurales pero la economía pierde impulso. La expectativa de crecimiento se reduce mes a mes sin que nadie aclare qué pasa y qué se va a hacer. En desarrollo social se mantiene la atención en la campaña contra el hambre, pero nadie habla del resto de la política social. La planeación urbana, el fomento industrial, la política ambiental siguen en el papel. Con ese ritmo, no hay discurso que mantenga viva la expectativa del “momento de México”.
Además, la elección mostró algunas señas de la complejidad de la operación. Se evidenció que la violencia está lejos de ser controlada pero, sobre todo, que ya se contaminaron las contiendas electorales. El tipo de violencia que se presenció revela que el crimen organizado está dispuesto a influir en algunos procesos. Además de la violencia criminal, se suma la violencia política que incluye levantones, atentados, y amenazas para intimidar al adversario. Ya no se sabe quién es el agresor. Hay que agregar la guerra sucia entre candidatos que se acusan de vínculos con el narcotráfico, de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito y otros delitos graves sin que nadie dé seguimiento. Mientras, el ciudadano en la calle, observa y muchos pensarán: “si los políticos pueden, por qué yo no”. El círculo de violencia que gesta la impunidad se fortalece cuando se evidencia.
La elección también demostró que, contrario a lo que estábamos acostumbrados en el viejo régimen, el Presidente puede negociar pero no controla a los gobernadores, lo que reduce drásticamente su margen de maniobra. Los gobernadores reciben recursos federales (participaciones y aportaciones) por fórmula y no se les pueden quitar. El Presidente pide orden en el uso de los recursos públicos pero esto no sucede. Los gobernadores necesitan mayorías en sus congresos y algunos, como Veracruz y Quintana Roo, tienen que reivindicarse después de su mal desempeño en 2012. Actúan a modo sin pensar en el daño que generan a la nación en su conjunto.
El reto no es menor. Sin control sobre los gobernadores, con los partidos divididos y parte del equipo nuevo, hay que instrumentar acciones. Tienen que demostrar que no sólo saben pactar sino que también pueden gobernar, y eso pasa por ejecutar.