En los últimos 12 años, México se volvió uno de los mercados de armas más dinámicos y atractivos para los traficantes. El número de armas incautadas en México durante la administración de Felipe Calderón podría abastecer a los ejércitos de Centroamérica. Desde el 2006, vimos cómo la capacidad de fuego fue creciendo, para pasar de calibres bajos a granadas y misiles.
La administración pasada enfrentó el problema con dos decisiones de política pública. La primera fue convencer a EU de la necesidad de reducir el flujo de armas de los más de 18 mil puntos de venta a lo largo de la frontera con México. Esto derivó en el proyecto Gunrunner, por el cual la Agencia de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF), a través de compras simuladas y la verificación estadística de ventas, pudo desarticular tres canales de distribución hacia México. Una segunda iniciativa fue la de proveer a la PGR claves de acceso al sistema E-Trace para facilitar el rastreo de las armas incautadas.
La venta de apertura que tuvo el gobierno de EU era improcedente; sin embargo, la desarticulación del gobierno en el tema hizo que la cooperación nunca diera resultados. En México, los temas relativos al tráfico de armas siempre habían estado a cargo del Ejército nacional. En los 80 y 90, México era una ruta de tránsito para el armamento que llegaba a las revoluciones y contrarrevoluciones en Centroamérica y el Estado mexicano no quería que ese armamento quedara en manos de los grupos subversivos. El trabajo de intercepción fue muy eficiente y prueba de ello es el escaso armamento con el que se levantó en armas el movimiento zapatista en los 90.
Después del año 2006, el grupo de trabajo dedicado a dar seguimiento al tráfico de armas en el país se desarticuló. El ejército solamente realizaba labores de custodia y la PGR fue muy ineficiente en llevar a cabo los rastreos de las armas. A su vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR presentaban un frente descoordinado a nivel operativo y esto entorpecía las labores de investigación. Un ejemplo fue el intento de atentado en contra de José Luis Santiago Vasconcelos en la delegación Magdalena Contreras en la Ciudad de México, donde nunca se pudo obtener el origen de los misiles que serían utilizados en su contra, porque la SER, y en especial el ex embajador Arturo Sarukhán, con tal de estar involucrado en el asunto, complicaron la entrega de información.
La nueva dinámica del tráfico de armas hoy es muy distinta. México pasó de ser un país de tráfico a ser un destino final al igual que las drogas, y esto implica más canales de entrada hacia el país y el desarrollo de un mercado nacional con barreras de entrada muy accesibles. Hoy en día, una AK-47 de fabricación china tiene un precio de 16 mil pesos en la zona de Tepito, mientras que en Culiacán el precio ronda los 10 mil pesos.
El gobierno de Calderón al final optó por culpar a EU y regresar a la retórica política con un discurso muy trillado. El reto que hoy enfrenta el Gabinete de Seguridad no sólo es el de interceptar las armas que entran a México y rastrear su origen; sino además se deben armar expedientes judiciales para poder resolver el número de asesinatos que hay en el país. En esta labor el Ejército y PGR tendrán una labor de coordinación muy estrecha y deberán definir tramos de responsabilidad muy concretos si es que realmente se quiere reducir la demanda nacional por armas.
La semana pasada la PGR y la ATF reestablecieron los mecanismos de investigación en contra del tráfico de armas. Este es el primer acuerdo al que se llega desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. El acuerdo con la ATF incluye el establecimiento de enlaces para que la PGR y la agencia estadunidense manejen la información que se obtenga en operativos contra el tráfico de armas en tiempo real, y el desarrollo de estructuras operativas en zonas como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Chiapas y Yucatán. El nombre de los estados donde arrancará este protocolo es un indicio del dinamismo del tráfico de armas.