Amnistía Internacional (AI) exige que se garantice la seguridad de tres integrantes de la organización Unión Popular (UP) del estado de Guerrero, luego de que recibieron amenazas por exigir justicia tras el secuestro y asesinato de tres de sus colegas.

 

Los tres activistas han denunciado amenazas de diferente índole: Justino Osores Narciso, líder de UP, manifestó haber recibido una nota anónima en la que le advertían el cese de las actividades de la organización. El 17 de junio, Sofía Lorena Mendoza, esposa de Arturo Hernández Cardona y activista de UP, declaró que unos autos sospechosos la habían seguido cuando se dirigía a una reunión con autoridades gubernamentales.

 

El tercero, Bertoldo Martínez Cruz, activista vinculado a esta asociación, recibió en su casa una llamada telefónica amenazadora. La Procuraduría General del Estado de Guerrero inició las investigaciones, pero los activistas solicitaron que la Procuraduría General de la República atrajera el caso debido a las sospechas de que las mismas autoridades guerrerenses estén involucradas en las amenazas y asesinatos.

 

El 3 de junio fueron encontrados, en una carretera cercana a Iguala, los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román con señales de tortura. Días antes presentaron una denuncia formal contra el alcalde y autoridades municipales por corrupción y acoso contra miembros de UP.

 

Amnistía Internacional solicita que se investiguen estos crímenes y que se garantice la seguridad de los supervivientes Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás Mendoza Villa, miembros de la organización, además de que se hagan públicos los resultados de las investigaciones.

 

Unión Popular es una organización que realiza campañas y canaliza apoyos a favor de proyectos sociales y recursos para las comunidades indígenas de Guerrero. Arturo Hernández Cardona trabajó durante 15 años en favor de los pueblos indígenas del estado y pidió que se hiciera justicia en el caso de la masacre El Charco, perpetrada en 1998.