El Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sesiona a puerta cerrada para definir los mecanismos que permitan agilizar la puesta en marcha de los juicios orales en el país, antes del plazo establecido de julio del 2016.

 

El secretario Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que el reto del país es transformar el sistema de justicia penal para dar transparencia y generar que la legalidad sea la vía para acabar con la impunidad.

 

A través de su cuenta de Twitter, @osoriochong, compartió una fotografía de la Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

 

A la reunión que se lleva a cabo en el Antiguo Palacio de Covián arribaron el titular de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz; el comisionado nacional del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), Manuel Mondragón y Kalb; el subsecretario de Prevención y Participación Social de la Segob, Roberto Campa Cifrián y la secretaria Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), María de los Angeles Fromow Rangel, entre otros.

 

En entrevista, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, reiteró que no habrá prórroga y que el objetivo del encuentro es revisar el presupuesto, de acuerdo a la realidad de cada estado. Y, agregó, se analizará el grado de avance tanto en materia de infraestructura como normativo, así como las líneas de acción para llevar a “buen puerto” esta reforma.

 

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que el pleno aprobó ya la reforma constitucional que permitirá a México contar con un Código Único de Procedimientos Penales, “por lo que debemos acelerar los plazos para concretar esta reforma en el plazo que marca la Constitución”.

 

De tal suerte que “el compromiso es que no haya prórroga, el compromiso es cumplir en tiempo y forma con el transitorio constitucional”, porque el país necesita un nuevo sistema de justicia penal que reduzca los márgenes de impunidad y genere más certeza en el ejercicio de los derechos tanto de las víctimas como de los acusados. (Notimex)