Gruma interpuso una demanda ante un tribunal internacional en contra del gobierno de Venezuela por la expropiación de sus activos y plantas productoras de harina de maíz y trigo.
La denuncia fue presentada por las compañía españolas Valores Mundiales y Consorcio Andino, ambas filiales de la harinera mexicana y a su vez propietarias de las firmas venezolanas Monaca y Demaseca, que fueron nacionalizadas en enero de 2013, según el Centro Internacional para Resolución de Disputas sobre Inversiones (CIADI).
“Los representantes de la partes son por un lado las demandantes la harinera mexicana Gruma y las firmas de abogados estadounidenses Covington & Burling y Zobrist Law Group, y por la parte demanda está la Procuraduría General de la República de Venezuela”, refiere la querella registrada el 6 de junio de 2013.
“Gruma solicitó un arbitraje para llevar una negociación de manera ordenada con el gobierno venezolano, así como para que siga operando en el mercado venezolano”, comentó la empresa presidida por Juan González Moreno.
La firma señaló a 24 HORAS que la controversia se interpuso de manera confidencial ante el organismo internacional para eliminas.
“La empresa seguirá con la negociación con el gobierno de Venezuela. No estamos solicitando alguna indemnización”, afirmó Gruma.
Este medio informó el 30 de abril que la harinera más grande del mundo perdió el control de sus subsidiarias venezolanas Molinos Nacionales y Derivados de Maíz Seleccionados.
La empresa comunicó en el reporte financiero del primer trimestre de 2013 que deja de consolidar información financiera de ambas subsidiarias desde el 22 de enero de 2013. A partir de esa misma fecha las considera operaciones discontinuadas.
La Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, del martes 22 de enero de 2013, da la explicación sin rodeos:
“El Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas decretó medidas preventivas de aseguramiento de bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y activos de Ricardo Fernández Barrueco (socio minoritario de Gruma en Venezuela), actuando en propio nombre o por interpuestas personas entre las que se encuentran: Molinos Nacionales y Derivados de Maíz Seleccionados”.
La Gaceta explica que por instrucciones de Carlos Osorio, ministro del Poder Popular para la Administración, se designan como administradores especiales de Monaca y Demaseca a Carlos Alfredo Rodríguez Cisneros, Jesús Eduardo José Bianco Sosa, Nelson Geovanni Alba y Johabner Domínguez.
Además, Empresas Polar, uno de las firmas más importantes en Venezuela, está dispuesta a comprar la planta de Derivados de Maíz Seleccionados, una subsidiaria de Gruma.
“Estamos dispuestos a adquirir la planta de Demaseca, que está en La Miel, en el Estado Lara; o Pronutricos que está en Araure Estado Portuguesa”, afirmó Lorenzo Mendoza, presidente de Polar.
La inversión de Gruma en Monaca y Demaseca se detenta a través de dos compañías españolas, Valores Mundiales y Consorcio Andino.
“En 2010, por conducto de Valores Mundiales y Consorcio Andino, Gruma participó en estas negociaciones con miras a continuar su presencia en Venezuela a través de la posible celebración de un convenio de colaboración conjunta con el gobierno Venezolano; y/o buscar una compensación adecuada, por los activos sujetos a expropiación”, informa la empresa mexicana en su reporte.
“El 9 de noviembre de 2011, los Inversionistas y las subsidiarias de Gruma notificaron valida y formalmente a la República que una disputa relativa a inversiones había surgido a consecuencia del Decreto de Expropiación y a medidas relacionadas tomadas por la República”, agrega.
“En dicha notificación, los Inversionistas, Monaca y Demaseca también acordaron someter a arbitraje ante el CIADI dicha disputa, si las partes no lograran llegar a un acuerdo amigable”, comenta.
“Mientras que las negociaciones con el gobierno se han llevado a cabo y pueden llevarse a cabo de nuevo de tiempo en tiempo, la compañía no puede asegurar que éstas serán exitosas, o que resultaran en que los Inversionistas reciban una compensación adecuada, de haber una, por las inversiones sujetas al Decreto de Expropiación”, agrega.