En los últimos tres años, Amnistía Internacional documentó por lo menos 152 casos de desaparición forzada en México, de los cuales en 85 de ellos los responsables son fuerzas del Estado, como soldados, marinos y policías federales, estatales y municipales.

 

Pero a pesar de esta grave situación, la impunidad es la constante, más a nivel local. En los últimos seis años sólo se han registrado dos sentencias condenatorias por desaparición forzada en el sistema de justicia federal, ninguna a nivel estatal.

 

En su informe Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México, presentado ayer, el organismo internacional revela que los estados en los que se ha registrado el mayor número de desapariciones son aquellos en donde existe mayor nivel de violencia, como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero.

 

Estas desapariciones forzadas en estas entidades también pueden obedecer, advierte AI, al trabajo de organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

 

“Las autoridades deben establecer investigaciones serias y profundas para esclarecer lo que le pasó a las personas desaparecidas, lo que vemos es que eso no ha ocurrido de manera sistemática y hay omisión por parte de las autoridades”, denunció Rupert Knox, investigador de AI para México.

 

El reporte de Amnistía Internacional indica que las víctimas de desapariciones documentadas por AI proceden de diversos estratos y profesiones, la mayoría jóvenes varones de entre 17 y 50 años.

 

“Muchos de ellos recorrían trayectos habituales cuando fueron obligados a detenerse por hombres armados o en retenes de fuerzas de seguridad y desde ahí sus familiares no saben dónde están”.

 

“Durante el gobierno de Felipe Calderón aumentó la tortura, las ejecuciones extraoficiales y las desapariciones forzadas, las cuales no fueron investigadas y se hizo caso omiso a los familiares que las denunciaron, lo que derivó a la situación actual y lo fundamental es romper el ciclo de la impunidad”, declaró Knox.

 

Nulos esfuerzos

 

 

En febrero pasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció a 26 mil 121 personas desaparecidas desde diciembre de 2006. Desde ese momento anunció varias iniciativas, como la creación de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos; sin embargo, AI considera que este esfuerzo no es suficiente para garantizar el fin de las desapariciones y de la impunidad, que es la que genera más víctimas.

 

Incluso, subrayó que únicamente Coahuila y Nuevo León han realizado mesas de trabajo con familiares, organizaciones y autoridades para revisar algunos casos de desapariciones, por lo que el resto de los gobiernos estatales deben de comprometerse a involucrar a los familiares como parte de sus responsabilidades y castigar este delito.

 

“Con la ausencia de la actuación del estado, las familias han tenido que asumir la función de las autoridades y, a pesar del peligro, han realizado las investigaciones, que muchas veces no han sido integradas al expediente, al contrario se ha amenazado, estigmatizado y maltratado a los familiares”, acusó Rupert Knox.

 

Versión Nacional

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó, a principios de mayo, que tienen un registro de 24 mil 800 desaparecidos, de los cuales 2 mil 800 fueron desapariciones forzadas y solamente en 30 casos se comprobó la actuación de funcionarios públicos.

 

Policía corrupta (Testimonios)

 

Al no encontrar apoyo por parte de las autoridades, Brenda tuvo que realizar las investigaciones por la desaparición de su hermano Héctor Rangel Ortiz. Logró identificar a los policías responsables, mismos que fueron destituidos hace siete meses por no aprobar los exámenes de control y confianza. El problema es que ahora no se sabe dónde están.

 

Héctor Rangel  desapareció, junto con Irene Hugo Hernández y Milton Aguilar Torres, el 10 de noviembre de 2009, en Monclova, Coahuila. Es originario de Querétaro y transitaba por la carretera cuando policías municipales lo detuvieron, presuntamente, por manejar a exceso de  velocidad, llamó a su familia para avisar de su detención y esa fue la última vez que supieron de él.

 

Su hermana Brenda viajó a Coahuila para buscarlo, pero la policía municipal y los fiscales le advirtieron que no continuara. Interpuso denuncias, tanto en Coahuila como en Querétaro, pero hasta el momento solamente ha recibido amenazas de muerte.

 

Brenda pertenece a la asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) y brinda asesoría a familias en la misma situación. En Querétaro se le han acercado entre 100 y 120 personas de diferentes partes de la entidad, principalmente de la sierra.

 

Mal lugar, momento equivocado

 

Alejandro Moreno Baca desapareció cuando viajaba de la Ciudad de México al norte. La última vez que lo vieron fue en una caseta cercana a Sabinas, Monterrey, los informes indican que un retén de hombres armados lo detuvo y se lo llevó, esto fue el 27 de enero de 2011. Su madre, Lucía Baca exige que las autoridades esclarezcan la desaparición de su hijo.

 

Al denunciar la desaparición, las autoridades dijeron, sin ninguna investigación, que Alejandro formaba parte de la delincuencia organizada.

 

Alejandro es ingeniero en sistemas y su madre piensa que sigue vivo porque han encontrado y desmantelado antenas en el cerro de la Silla en Monterrey.

 

“Necesita mucha gente el narcotráfico, desgraciadamente mi hijo pasó en donde es el trasiego de la droga, donde todos los estados del norte tienen el mismo problema”.

 

Omisión oficial

 

Graciela Pérez tiene cinco familiares desaparecidos: su hija Milinaly Piña Pérez, de 13 años de edad, su hermano y tres sobrinos. Ellos desaparecieron el 14 agosto de 2012 en Ciudad Mante, Tamaulipas, cuando iban de regreso a Tamuil, San Luis Potosí.

 

Tiene indicios que su hija está viva, “pero aún con los indicios que tiene la PGR, la investigación está completamente parada”, por lo que se han visto en la necesidad de hacer sus propias investigaciones y exponerse al recorrer diversos sitios de la zona sur de Tamaulipas.

 

La familia comprobó que las víctimas fueron detenidas por Los Zetas en la carretera, “donde todo mundo sabe que hay comandos armados, ahí los detuvieron y está comprobado”.

 

Graciela dice que las autoridades no quieren investigar porque su caso está relacionado con la delincuencia organizada.

 

El ex procurador de Tamaulipas, Bolívar Hernández, se negó a buscarlos “porque está muy peligroso” y los mandó con los marinos y los militares.