El abogado Agustín Acosta, apoderado legal de los trabajadores afectados por un supuesto desvío de 55 millones de dólares del que se acusa al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, sostuvo que el acusado debe enfrentar la justicia mexicana en lugar de esconderse en Canadá, donde se encuentra desde el 2006.

 

¿Cuál es su postura ante el caso?

 

Represento a los trabajadores mineros agraviados por la ilegal extinción y posterior obtención de los 55 millones de dólares patrimonio del fideicomiso minero F/9645-2. Con ese carácter, soy coadyuvante del Ministerio Público en la acusación federal que se sigue en contra del líder gremial por su presunta responsabilidad en el delito previsto en el artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, un delito que conforme a la legislación mexicana es considerado grave e impide el derecho a la libertad provisional bajo caución (fianza). Existe también una demanda civil contra el propio Napoleón Gómez Urrutia, el Sindicato Minero y el banco fiduciario por la extinción del fideicomiso en la que se reclama la ilicitud de la extinción y en consecuencia el reembolso de los 55 millones más intereses”.

 

¿Qué busca con el juicio y la orden de aprehensión?

 

Los 55 millones de dólares debieron ser distribuidos entre los trabajadores mineros pertenecientes al Sindicato Minero, vinculados a unidades productivas de Grupo México, no era un dinero destinado a todos los agremiados del sindicato. Por eso mismo, el dinero se depositó en un fideicomiso, bajo reglas de supervisión y transparencia bancarias, que tenía una finalidad precisa y que era llevar ese dinero en su parte que corresponde a cada uno de los trabajadores que reunieran los requisitos: Ese fin no se cumplió. Estos juicios buscan un remedio por dos vías, en el civil lograr eventualmente el restablecimiento del fideicomiso y el reembolso del dinero y por la vía penal, llamar a cuentas a quienes extinguieron el fideicomiso contra los fines del mismo y buscar una reparación eventual del daño y un castigo.

 

Si existe un juicio penal es porque las autoridades ministeriales y judiciales federales han considerado consistentemente que hay causa suficiente para presumir la responsabilidad penal de Napoleón Gómez Urrutia y llamarlo a rendir cuentas.

 

La orden de aprehensión es el mecanismo que tiene la autoridad judicial para hacer comparecer a Napoleón Gómez Urrutia en el juicio. Como se sabe, el líder minero se encuentra en Canadá desde hace años. La orden de captura tiene como efecto ponerlo a disposición de la autoridad para que enfrente los cargos en su contra, la acusación federal subsiste desde el año 2008 a pesar del despliegue de impugnaciones levantadas por la defensa de Napoleón Gómez Urrutia.

 

¿Por qué le interesa aclarar lo que dice el abogado de Gómez Urrutia?

 

Es importante pasar el mensaje a la comunidad minera y en especial a los trabajadores que se han visto afectados, que esta batalla judicial sigue y que la acusación de ninguna manera ha sido desestimada, todo lo contrario, la acusación es sólida y lo confirma el hecho evidente de que Gómez Urrutia es técnicamente, según el lenguaje de la propia Constitución, un prófugo de la justicia.

 

Junto al conflicto judicial, ha habido una auténtica lucha mediática en la que Gómez Urrutia y su defensa han querido confundir a la opinión pública y generar la percepción equivocada de que esta acusación ya no sigue y que fue producto de una persecución política. Su estrategia es mandar un mensaje de que no pasó nada, lo que en el fondo es uno de impunidad. No lo podemos permitir. Nada más alejado de la verdad, la acusación está vigente pues al día de hoy existe una orden de aprehensión plenamente ejecutable en contra de Gómez Urrutia dictada por el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.

 

Napoleón Gómez Urrutia ha anunciado repetidamente de que pronto estará de regreso en México. Dice incluso que la orden que existe no es más que un proyecto o que está suspendida. Si es así, la gran pregunta es: ¿por qué no viene? Lleva años anunciando tal regreso. Reto al abogado de Napoleón Gómez Urrutia a que ponga a prueba sus afirmaciones y lo traiga mañana mismo. ¿A ver qué pasa?

 

Él dice que las acusaciones han sido inventadas por Grupo México, Vicente Fox y Felipe Calderón.

 

Es falso, las acusaciones son jurídicas y están sustentadas en evidencia sólida que apunta que Napoleón Gómez Urrutia participó en la extinción del fideicomiso. De hecho firmó un convenio en el que se ostentó representante de los trabajadores beneficiarios cuando no lo era, puesto que la representación sindical no le alcanza para tal acto.

 

El hecho de fondo es que el dinero no llegó al bolsillo de todos los trabajadores, existe un estudio de la Cámara de Diputados que señaló que aproximadamente unos seis mil trabajadores no recibieron su parte correspondiente.

 

Ciertamente, los procedimientos legales se han prolongado varios años, tantos que las acusaciones empezaron con el gobierno de Fox, luego de Calderón y ahora bajo la nueva administración del presidente Peña Nieto. Son ya tres gobiernos que enderezan la acusación, ahora el último gobierno que es del PRI, es de orientación política diferente (…) La acusación tiene un respaldo en hechos probados, la extinción del fideicomiso, y que desde hace años se encuentra en ese país, prófugo de la justicia mexicana.

 

LAS AVENTURAS DEL HIJO DE NAPOLEÓN

 

A partir de que 24 HORAS publicó la entrevista con el líder de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, mensajes de molestia de algunos trabajadores llegaron a esta redacción. Entre ellos destaca un archivo con fotos de su hijo, Napoleón Casso. Estas son algunas de las imágenes: