El gobernador de Tabasco Arturo Nuñez y el procurador del estado, Fernando Valenzuela Pernas, fueron acusados en una denuncia de hechos presentada en la Procuraduría General de la República (PGR) de haber cometido actos de tortura, amenazas y secuestro en agravio de los empleados del ex secretario de finanzas del estado, Josè Manuel Saiz Pineda.
En conferencia de prensa, el abogado Xavier Olea, defensor de las presuntas victimas Marlis Cupil López y Francisco Hernández Hernández, acusó que sus clientes fueron arrestados por elementos de la Procuraduría del estado para obligarlos firmar una declaración en la que se señalaba que Saiz tenía escondidos los 88.5 millones de pesos que fueron encontrados en una propiedad la semana pasada.
“Fueron objetos de amenazas, golpes, vejaciones y torturas para obligarlos a firmar un papel que además no pudieron leer (…) Por supuesto que las máximas autoridades de Tabasco son las responsables de esto”, apuntó.
Olea reiteró que el dinero encontrado en una propiedad ligada a Siaz fue “sembrado” y dijo que detrás de este caso hay una “confrontación de fuerzas políticas” entre el gobernador Arturo Nuñez del PRD, y el ex gobernador de extracción priísta, Andres Granier.
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