Gruma, la harinera más grande del mundo, perdió el control de sus subsidiarias venezolanas Molinos Nacionales (Monaca) y Derivados de Maíz Seleccionados (Demaseca).
La empresa confirmó la semana pasada, en su reporte financiero, que deja de consolidar información financiera de ambas subsidiarias desde el 22 de enero de 2013.
A partir de esa misma fecha las considera operaciones discontinuadas.
Un vocero de la empresa, al ser consultado por 24 HORAS al respecto, confirmó que perdieron el control.
“Seguiremos buscando trabajar con el gobierno venezolano”, insistió.
Sin embargo, la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, del martes 22 de enero de 2013, da la explicación sin rodeos:
“El Juzgado Undécimo en Funciones de Control del Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas decretó medidas preventivas de aseguramiento de bienes, sobre todas las sociedades mercantiles y activos de Ricardo Fernández Barrueco (socio minoritario de Gruma en Venezuela), actuando en propio nombre o por interpuestas personas entre las que se encuentran: Molinos Nacionales y Derivados de Maíz Seleccionados”.
La Gaceta explica que por instrucciones de Carlos Osorio, ministro del Poder Popular para la Administración, se designan como administradores especiales de Monaca y Demaseca a Carlos Alfredo Rodríguez Cisneros, Jesús Eduardo José Bianco Sosa, Nelson Geovanni Alba y Johabner Domínguez.
AMPLIAS FACULTADES
Los “administradores especiales” tienen desde que se ordenó en la Gaceta las más amplias facultades para garantizar la posesión, guarda, custodia, uso y conservación de los bienes muebles e inmuebles de las sociedades mercantiles, señala el acuerdo del gobierno venezolano.
Agrega que los administradores están facultados para realizar cualquier diligencia o actuación con plenas facultades y poderes, frente al Juzgado Undécimo y cualquier otra instancia penal competente, así como ante el ministerio público y órgano o ente que tenga relación directa con la medida preventiva de aseguramiento de bienes.
Los directivos designados por la autoridad venezolana igualmente presentarán al cierre de su ejercicio económico los estados financieros correspondientes de la gestión realizada.
“Los administradores especiales deben ajustar su actuación a las políticas públicas que en cuanto a la actividad agroalimentaria emane del Ministerio en competencia en alimentos”, señala el periódico oficial.
PÉRDIDA DE 356 MDP
Durante el primer trimestre de este año, Gruma reportó una pérdida de 356 millones de pesos, debido a las operaciones descontinuadas adoptadas en Venezuela.
La empresa presidida por Juan Antonio González Moreno operaba de la mano del gobierno encabezado por Hugo Chávez. Ahora con Nicolás Maduro, todo cambió.
En Venezuela tenía 10 plantas donde se produce harina de maíz y trigo.
Pero desde el 12 de mayo de 2010, la República Bolivariana de Venezuela decretó la expropiación y adquisición forzosa de todos los bienes muebles e inmuebles de Monaca.
El gobierno encabezado en ese entonces por Hugo Chávez Frías, fallecido el 5 de marzo de este año por complicaciones de cáncer de páncreas, manifestó a los representantes de Gruma que la nacionalización era extensiva también a Demaseca.
La nacionalización de la empresa mexicana se puede hacer por medio de un acuerdo administrativo amigable o bien mediante una orden judicial, explica la empresa en su reporte financiero más reciente.
EN BUSCA DE INDEMNIZACIÓN
“La transferencia formal de dominio de los bienes sujetos al decreto de expropiación no ha tenido lugar a la fecha”, informa la compañía.
“No obstante a que nuevas negociones con el gobierno puedan llevarse a cabo de tiempo en tiempo, no se puede asegurar que éstas serán exitosas, o que resultarán en que los inversionistas reciban una compensación adecuada, de haber una, por las inversiones sujetas al decreto de expropiación”, advierte Gruma.
“No se pueden predecir los resultados de cualquier procedimiento arbitral, o las ramificaciones que disputas legales costosas y prolongadas pudieran tener en las operaciones o en la posición financiera de la compañía, o la probabilidad de cobrar los montos otorgados en un laudo arbitral favorable”, aclara Gruma en su reporte trimestral.
“La compañía conserva y es su intención seguir conservado el derecho a buscar la compensación total de cualquier y todos los activos e inversiones expropiadas bajo los regímenes legales aplicables, incluyendo tratados de inversión y el derecho internacional”, dice la firma del fallecido Roberto González Barrera.
ALISTAN MÁS EXPROPIACIONES
Como informó 24 HORAS, empresarios mexicanos están muy preocupados por la aprobación de la ley antimonopolios en la Asamblea Bolivariana de Venezuela, ya que expropiarán cualquier compañía extranjera sin haber lesionado el interés público, así como prohibirán y castigarán lo que ellos consideren un monopolio.
Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro se puede quedar con cualquier empresa, sin necesidad de justificar sus actos o de pagar una compensación.
“El Ejecutivo nacional a través de órganos competentes, podrá iniciar el procedimiento de expropiación de los bienes pertenecientes a los agentes económicos que incurran en cualesquiera de las prácticas prohibidas en la presente ley, sin que medie para ello declaratoria previa de utilidad pública e interés social por parte de la Asamblea Nacional”, advierte el proyecto de ley contra los monopolios y otras prácticas de similar naturaleza.
La legislación propuesta por el ex presidente Hugo Chávez Frías antes de su fallecimiento, el 5 de marzo de 2013, afirma que los monopolios constituyen un poder fáctico que trasciende el ámbito económico y ejerce su dominación en el ámbito político y cultural.
En una primera discusión, la Asamblea Nacional ratificó en la sesión plenaria del 19 de marzo de este año la Ley contra los Monopolios, ahora el proyecto está en manos de la Comisión de Finanzas para la elaboración del informe final.
En 2012, la Comisión diseñó el anteproyecto de ley, pero la revisión de ese texto se suspendió por las elecciones presidenciales de octubre y por la recaída de Chávez Frías por un cáncer de pelvis, y es hasta marzo pasado cuando el presidente Nicolás Maduro retoma la iniciativa.
“Son las operaciones de esas gigantescas corporaciones transnacionales que actualmente reinan en el mundo globalizado en sectores como alimentos, medicinas, químicos, finanzas, entre otros, principalísimas responsables de una crisis sistémica del capitalismo, como nunca antes se había producido en el planeta”, dice la norma.