El actual gobierno de Morelos, liderado por el perredista Graco Ramírez, ha lanzado una ofensiva contra el anterior mandatario estatal, el panista Marco Adame, para aclarar una serie de presuntos desfalcos que implicarían evasión fiscal, desaparición de pensiones y asignación irregular de contratos.
Hoy, en ese estado se dará a conocer un informe de la auditoría sobre las investigaciones realizadas acerca de las “jubilaciones doradas” que los funcionarios anteriores recibieron. Este documento se suma a los primeros datos que la propia auditoría ofreció en días pasados y, sobre todo, a la denuncia penal que la actual administración interpuso “contra quien resulte responsable”, por las presuntas irregularidades.
“La auditoría dará resultados mañana (hoy). En Morelos hemos vivido las famosas ‘jubilaciones doradas’. El procurador en el gobierno de Adame, Luis Benítez Vélez, por ejemplo, tuvo una. Salió con más o menos 80 mil pesos al mes, y también había servidores públicos panistas que sólo estuvieron seis meses en su cargo, salieron y actualmente reciben entre 50 y 60 mil pesos. Esta reforma se hizo en el Congreso en el tiempo de Adame, pero es imposible que alguien con sólo seis meses en el cargo, sin importar cuál era, reciba esas cantidades. Me explico: Si alguien, por ejemplo, ganaba 10 mil pesos en un cargo, de pronto le registraban un sueldo de 60 mil pesos por seis meses, y a la hora de salir recibirá esos 60 mil cada mes. Además, esta decisión va en contra de todas las reglas de jubilación, locales y federales. Me gustaría ver qué opina un obrero de esto”, explicó Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien fue diputada de izquierda en el último tramo del gobierno de Adame.
Este asunto, sin embargo, es sólo uno más. “Entre lo más preocupante es que 159 millones 964 mil pesos sirvieron para contratar una empresa, Monedero Universal, que realizaría un programa de cómputo para hacer la contabilidad. Pero este programa jamás operó, nunca sirvió. Ese dinero también era para adquirir equipos modernos, y tampoco se concretó. Además, fue sin licitación, cuando por el monto gastado eso no está permitido. Otro caso es que vimos que a tres mil 132 trabajadores del gobierno del estado se les suspendió, el último año de Adame, todo el pago al IMSS y al ISR. Ilegalmente le quitaron este derecho”, abundó.
Por estos hechos, el gobierno del estado presentó una denuncia penal el 30 de marzo pasado (número SC/01/3588/2013) por delitos enmarcados en los artículos 270 y 271 del Código Penal Estatal. La denuncia fue contra “quien resulte responsable”. Los delitos investigados son administración fraudulenta y ejercicio indebido de la administración pública.
Ese día, el actual secretario de Gobierno de Morelos, Jorge Messeguer Guillén, aseveró: “La Secretaría de la Función Pública hizo entrega al gobierno de Morelos de una información que hay un monto pendiente por solventar al 30 de septiembre del 2012, de tres mil 63 millones de pesos”. Esta cifra corresponde al total de dinero cuyo uso no ha sido explicado a cabalidad.
“Además del desorden financiero, hubo un desvío al pagar otras cosas que ahora estamos resarciendo”.
Explicó que en la denuncia se señala al ex secretario de Finanzas de Morelos, Alejandro Villarreal Gasca. “No obedece a cuestiones políticas. Obedece a una voluntad de transparentar las finanzas del estado”, dijo.
En respuesta, Villarreal Gasca dijo que no le “gustaría pensar” que esto se trata de una revancha política.
Ayer, Tania Valentina Rodríguez Ruiz -también presidenta del Partido del Trabajo en la entidad- explicó a 24 HORAS: “Hasta el momento ciertamente está el secretario de Finanzas, Alejandro Villarreal, que era quien firmaba y aprobaba. Pero creemos que el responsable final es el gobernador del estado. Es el que constitucionalmente es responsable de la seguridad pública y de las finanzas del estado. No hay vuelta de hoja, así que pedimos que se le investigue. El secretario de Finanzas tenía una responsabilidad directa. Tal vez él no daba la orden, pero la ejecutaba”.
Este problema no es privativo del gobierno estatal. La gran mayoría de los municipios de Morelos tienen graves problemas financieros. Buena parte de los alcaldes de esas localidades han expresado el problema e, incluso, solicitado ayuda. Sin embargo, “de los 33 presidentes municipales, ninguno de ellos ha actuado en contra de los ex alcaldes anteriores que dejaron las arcas vacías y una gran corrupción. Ninguno ha entablado ninguna acción para exigir cuentas. Esto es un ejemplo para que también actúen”, aseveró Rodríguez Ruiz. “Antes de irse saquearon todo lo que se pudo, y no se va a remediar fácilmente la situación. Casi todos los municipios están en quiebra financiera. Tienen trabajadores que no pueden finiquitar de administraciones pasadas, demandas laborales pasadas, y tenemos colaboradores de confianza demandaron a los ex alcaldes, y dejaron demandas millonarias antes de salir”.
Un caso arquetípico, asegura, ocurrió en el municipio de Macusac: “Una o dos semanas antes de que terminara la administración municipal, en diciembre, se ordenó derribar el auditorio y el Palacio Municipal. Se les había dado dinero para reconstruirlos pero no hicieron nada. No hay dinero. Y no hay una alcaldía en Macusac”.
Deuda Disparada
El año que inició la administración de Marco Adame (2006), Morelos tenía una deuda de 737.8 millones de pesos. Tras disminuir hasta 2009, se disparó hasta alcanzar los 2 mil 871.1 millones de pesos en 2012