El Senado de la República aprobó en comisiones la Ley General de Víctimas con cambios menores, que se incluyeron como parte de las reservas presentadas por el PAN.

 

Entre los cambios destaca un agregado al artículo 4 de dicha normatividad, el cual define el concepto de víctimas como “los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos”.

 

También se incluyó que los órganos encargados atender a las víctimas de cada entidad federativa tienen la obligación de dar atención a víctimas de delitos del fuero local o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos de los órdenes estatal o municipal.

 

Entre las propuestas del PAN que fueron rechazadas, destacó la creación de fondos de atención para las víctimas de delito en cada estado del país y en el Distrito Federal, iniciativas que el blanquiazul seguirá impulsando durante la discusión de la Ley de Víctimas en el pleno.

 

“Buena parte de las votaciones salieron por unanimidad y en otras imperó la mayoría del PRI y PRD. Vamos a seguir insistiendo en el pleno en las propuestas fundamentales, que existan fondos estatales para multiplicar los recursos de atención a víctimas, que las víctimas tengan un plazo cierto para que se le responda a una solicitud de acceso a los beneficios de la ley y que tengan derecho a la jurisdicción que les corresponde en su calidad de víctima y no de quien comete el delito”, explicó el panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia.

 

En el mismo tono, los representantes de las organizaciones civiles que entregaron dicha reforma, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, o la organización Causa Común presidida por María Elena Morera, se manifestaron satisfechos con los términos en los que fue aprobada la iniciativa al considerar que no vulnera los derechos de las víctimas.

 

“Fueron pocos los cambios que se hicieron y creo que fueron pertinentes, no son cambios que vayan en contra de la dignidad o que restrinjan los derechos de las víctimas sino en proporcionar más ayuda. Algunos que sí pretendían restringir los derechos de las víctimas quedaron fuera, como debe de ser”, señaló Julio Hernández Barros, abogado del MPJD.

 

Con estos cambios se establece también que el gobierno federal, los estados, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios, así como los sectores social y privado se coordinarán para establecer los mecanismos de ayuda, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas.