Desvío de recursos, gastos sin comprobar, cuentas bancarias irregulares, manejo discrecional de recursos, informes poco confiables, subejercicios e incumplimiento de metas forman parte de las irregularidades detectadas en el manejo de los gobiernos estatales, de los recursos federales para seguridad pública.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, en su análisis de fiscalización de la Cuenta Pública 2011 del gobierno de Felipe Calderón, un presunto fraude del gobierno de Michoacán por 68 millones 194 mil 772 pesos, equivalente a 97.9% de los recursos que le entregaron.
Ese dinero debía destinarlo al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad vinculadas al mando policial, pero a octubre de 2012 no había utilizado ni reintegrado los recursos a las arcas federales.
La AFS también detectó irregularidades en el manejo de 207 millones 606 mil pesos entregados al resto de las entidades.
Al revisar el Programa U003 “Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública para el Mando Único Policial”, concluyó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) también incurrió en fallas, al dejar de dar seguimiento al manejo y destino de dos mil 156 millones de pesos.
La Auditoría denuncia que la comprobación de las entidades “no es uniforme, confiable ni oportuna”, y que no se tiene un seguimiento puntual del cumplimiento de las metas convenidas ni de la aplicación de los subsidios. Por ejemplo, San Luis Potosí no aplicó la legislación federal en sus adquisiciones, sino su ley estatal.
Comprobó, además, que 17 entidades federativas incumplieron con el porcentaje de avance en la aplicación de los recursos y en las metas convenidas, por lo cual no se les transfirieron 510 millones de pesos, además de que el SESNSP no entregó oportunamente a los estados otros 200 millones de pesos, por lo que la SHCP congeló dichos recursos.
Por otro lado, se observó que el Distrito Federal, San Luis Potosí y Puebla no utilizaron cuentas bancarias específicas para la administración de los recursos y tampoco contaron con documentación comprobatoria de los recursos que reportaron como aplicados, que ascienden a siete millones 381 mil pesos. Puebla, además, gastó 24 millones 360 mil pesos en tareas distintas a la seguridad pública.
Otros nueve estados no reintegraron a la Tesorería federal 94 millones 283 mil pesos, más los intereses correspondientes.
La ASF observó que en 2011, los gobiernos de Puebla, San Luis Potosí y el Distrito Federal no dieron de baja a 142 elementos del Primer Módulo de Policía Estatal que no aprobaron sus exámenes de control de confianza, tal como lo indica la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Después de revisar las cuentas de los estados, la ASF determinó 30 observaciones, de las cuales una fue solventada. Las 29 restantes generaron 35 recomendaciones, una solicitud de Comprobación Fiscal, 15 solicitudes de Aclaración, ocho Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y un pliego de Observaciones.
Los fines
Programa U003 “Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública para el Mando Único Policial” tiene por objetivo otorgar recursos a los estados del subsidio para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
Lo anterior, para crear e implementar el primer Módulo de Policía Estatal, conformado por tres unidades: análisis táctico, investigación y operaciones; iniciar la estructuración de un modelo policial que cuente con recursos humanos, materiales y financieros, a fin de garantizar la seguridad pública.
Asimismo, busca incentivar la consolidación de un Mando Policial Estatal, a través de la reorganización de estructuras de mando policial, la reacción o implementación de programas de equipamiento e integración de la información, así como fortalecer las instituciones de seguridad pública en materia de Mando Policial.
Recomendaciones
Entidad Número
DF 5
Puebla 7
SLP 8
SNSP 14
Sedena 1
Asigna OADPRS contrato irregular por 88.9 millones
El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) dejó de pagar 82 millones 466 mil 500 pesos a los proveedores que contrató en 2011, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que incumplió con las disposiciones normativas dentro del programa Administración del Sistema Federal Penitenciario.
La ASF también detectó que el contrato número OADPRS/DGA/A/068/2011 no debió adjudicársele al proveedor, por un importe de 88 millones 968 mil 300 pesos, ya que no contaba con la especialidad ni experiencias requeridas para dicho contrato.
Además, no se justifica el pago de anticipos por 642 millones 121 mil 900 pesos, por bienes de fabricación especial, la cantidad del equipo adquirido oscila entre 461 y mil 670 bienes. También se observó que en tres requisiciones no se describieron las cantidades y características de los bienes por adquirir y no se logró verificar si éstas correspondían a las solicitadas.
Esta observación generó la presentación de dos promociones ante el Órgano Interno de Control, para que investigue y determine si los funcionarios públicos vinculados a la firma de ese contrato incurrieron en alguna responsabilidad. Además, las conclusiones generaron cinco recomendaciones y una solicitud de aclaración que debe atender la dependencia.
La Auditoría logró recuperar 174 millones 520 mil 600 pesos, vinculados al OADPRS, de los cuales la entidad fiscalizada reintegró a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 81 mil 900 pesos que corresponden a contratos del año 2005, de los que ya se había prescrito el derecho de cobro, 174 millones 438 mil 700 pesos corresponden a recuperaciones probables.
El alcance de esta auditoría fue de 36% del total del presupuesto, es decir, de los dos mil 147 millones 107 mil 500 pesos destinados a este programa se revisaron 779 millones 922 mil 900 pesos y estas corresponden en su totalidad a la partida 55102 “Equipo de Seguridad Pública y Nacional”, esto con la finalidad de verificar cómo se utilizó el recurso en la compra de equipo.
Las áreas que se revisaron fueron la Coordinación General de Centros Federales, la Dirección General de Administración, la Dirección de Adquisiciones; de Programación, Organización y Presupuesto, de Obra Pública, Recursos Materiales y Servicios Generales. ITZEL REYES
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