La ausencia de los panistas se hizo aún más evidente con el reproche del activista Javier Sicilia, quien entregó a los senadores el proyecto de reforma a la Ley General de Víctimas.
“Lamentamos las ausencias de los que irresponsablemente no han querido estar aquí”, señaló el también poeta y periodista durante su discurso, mientras era flanqueado por Emilio Gamboa y Miguel Barbosa, coordinadores parlamentarios de PRI y PRD.
En la misma mesa se encontraban Alejandro Martí, presidente de la organización civil México SOS, y María Elena Morera, de México Unido Contra la Delincuencia, quienes sorpresivamente arribaron al Senado al lado de Sicilia para entregar a los legisladores la propuesta para modificar los vacíos legales que quedaron pendientes en la ley de atención a víctimas de la inseguridad.
“Esta iniciativa contempla los puntos que, ante la publicación de la ley, más nos preocupaban a la mayor parte de las organizaciones ciudadanas. Los ciudadanos no siempre hemos estado de acuerdo en los cómos, pero el objetivo ha sido siempre el mismo”, afirmaba Martí en relación con los diferendos que en el pasado ha mantenido su organización frente a las posturas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, representado por Sicilia.
El mensaje parecía dirigido al PAN, o por lo menos, a los panistas ausentes. Entre ellos, el coordinador del blanquiazul en la Cámara Alta, Ernesto Cordero, uno de los principales críticos a la publicación de la Ley General de Víctimas aprobada por Peña Nieto en enero pasado tras levantar la controversia constitucional interpuesta por el ex presidente Felipe Calderón.
El salón, abarrotado con poco más de 20 legisladores de PRI y PRD, así como los senadores Pablo Escudero del PVEM y Manuel Bartlett del PT, hizo más visible la tardía llegada del senador panista Roberto Gil Zuarth, quien de inmediato improvisó un asiento junto a Martí. Casi al final llegaría el senador Javier Corral para completar la representación blanquiazul.
“En las últimas semanas hemos estado dialogando con distintas organizaciones de la sociedad civil sobre las preocupaciones relacionadas con la Ley General de Víctimas publicada recientemente, sobre las necesidades de modificación y de reforma para hacerla operativa, para perfeccionarla”, dijo Gil, actual presidente de la Comisión de Justicia del Senado.
El senador panista celebró la iniciativa presentada las organizaciones civiles aun cuando reconoció que la atención a las víctimas debe fortalecerse con otro tipo de leyes complementarias, tema en el cual coincidió con la perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.
Luego vendría la respuesta de Sicilia, tras pedir un minuto de silencio por las víctimas de la violencia.
“Estas mismas reformas que atienden casi 100% de las observaciones hechas en su momento por la administración de Calderón y que son las mismas que han pedido los críticos de esa ley, con los cuales hemos trabajado para sacarlas adelante, serían las mismas que habríamos entregado a Calderón si la hubiera publicado en su momento, como lo mandaba la Constitución”, agregó el poeta, quien pidió a los legisladores no traicionar a las víctimas en aras de una ley todavía perfectible.
Sicilia negó que el trabajo presentado ante el Senado fuera producto de la improvisación, sino del “doloroso fruto de muchas marchas a lo largo y ancho del país, la atenta escucha a los dolores de víctimas que el crimen organizado, la negligencia y corrupción del Estado y la violación de los derechos humanos, que han sumido a la nación en una profunda tragedia humanitaria”.
“Esperamos que a fuerza de quererla perfeccionar más y más en nombre de un abstracto y absurdo, no terminen por destrozarla como algún día, para desgracia de la nación y los pueblos e indios, se hizo con los Acuerdos de San Andrés y la Ley Indígena. Eso sería una nueva traición y un espantoso agravio que desgarraría más a nuestra patria”, advirtió.
“No la toques más, que así es la rosa”, dijo Sicilia al evocar un verso de Juan Ramón Jiménez.
De acuerdo con las organizaciones civiles, el documento presentado simplifica y concretiza las obligaciones y tareas del Estado mexicano señaladas en los artículos 1 y 20, apartado “C” de la Constitución para reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos y a las víctimas del delito.
De este modo se pretende reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y reformar el Artículo 182 R del Código Federal de Procedimientos Penales.
En este sentido, Morera consideró que las modificaciones a la Ley General de Víctimas permitirán hacerla viable para que el Estado mexicano se responsabilice en cuanto a la reparación del daño.
“No hay ningún país del mundo que pueda resarcir el daño a todas las víctimas. Sin embargo, en primera instancia las víctimas por violación a derechos humanos quedaron en primer lugar y, al lado de ellas, las víctimas de la delincuencia organizada que se definen por delitos de alto impacto como lo son el asesinato y el secuestro”, explicó Morera.
El problema
La Ley de Víctimas fue aprobada por el Congreso en el pasado sexenio. Sin embargo, el presidente Felipe Calderón determinó detener su publicación e interponer una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar su entrada en vigor. Consideraba que la ley aprobada, tal como estaba, tenía graves defectos que la hacían inoperante.
Ya en este sexenio, el presidente Peña Nieto se desistió de la controversia y publicó la ley, que fue criticada por no ser operante. A partir de ese momento, los partidos y los activistas han hablado de las reformas que deben hacérsele: darle recursos, facilitar la entrega de indemnizaciones y ampliar el espectro de sujetos obligados, entre otros.
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