Cuautitlán, Jal.-  En el municipio Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, considerado por la ONU como uno de los 20 municipios con el menor índice de salud y desnutrición, así como una de las localidades que tampoco será beneficiada por el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se debate si se crea una policía comunitaria, armada o no, para enfrentar a las bandas de la delincuencia organizada que talan ilegalmente la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y explotan las zonas mineras con comandos que controlan accesos de las comunidades.

 

El alcalde argumenta a 24 HORAS que se encuentran en una complicada situación, ya que sólo cuentan 50 policías para vigilar todo el municipio. “Cuando llegamos al ayuntamiento, en octubre pasado, sólo habían 20 policías y dos patrullas, ahora ya tenemos cinco unidades”.

Sobre la intención de algunos habitantes de armarse para hacer frente a los delincuentes, agrega que en caso de aprobarse en el Congreso de Jalisco “se tendrían que poner de acuerdo con las policías formales para darle seguridad al ayuntamiento”.

 

Asesinatos de policías, ejecuciones y desapariciones forzadas, como la del líder indígena Celedonio Monroy, ocurrida el 23 de octubre de 2012, han acelerado la creación de un grupo de autodefensa que cumpla con las tareas de protección a los habitantes de las zonas de la montaña.

 

Tierra limpia

 

Cuautitlán de García Barragán es un municipio integrado por 140 comunidades, de las cuales 80 son indígenas; hay 17 mil 500 habitantes y mide mil 700 kilómetros cuadrados, el tercero más grande de Jalisco.

 

Agustín Radilla Suastegui,  general de brigada Diplomado del Estado Mayor y comandante del destacamento de Melaque, asegura que en la zona no hay evidencia de que operen organizaciones del narcotráfico. En este sentido, el director de la Policía Estatal, Francisco Alejandro Salcedo, rechaza que las corporaciones se encuentren rebasadas por las bandas delincuenciales que llegan a tener más capacidad de fuego que los uniformados.

 

Y sobre la propuesta de los habitantes indígenas de armarse ante la desconfianza en las autoridades, comentó que deben esperar a que el Estado les brinde toda la ayuda y denunciar a los criminales “porque tenemos todos los sistemas confiables de denuncia anónima”.

Por su parte, Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Jalisco, subrayó que primero lo que tiene que realizar la comunidad el 17 de marzo próximo será definir qué tipo de grupos de autodefensa deberán darle seguridad a la comunidad, aunque tiene que “estar desarmada” porque, dijo, lo que vive la entidad no es lo mismo que se experimenta en Guerrero donde conviven narcotráfico, guerrilla y grupos paramilitares.

 

“Para qué quieren que se arme a la gente si les van a dar sólo rifles que no tienen la capacidad de respuesta a los ataques de las bandas que todos sabemos dominan la montaña y que portan AK-47 o de más poder”, expresó el ejidatario Eusebio Jacobo. “¿Creen que una policía comunitaria sin armas va a poder con las personas que cobran cuota y hacen levantones?”.

 

En tanto, los habitantes, autoridades civiles y militares se preparan para realizar una reunión de trabajo el 17 de marzo para definir cómo se resolverá la inseguridad, unos pobladores consideran que no se hará nada porque están coludidos, otros esperan perder el miedo a encontrarse grupos armados en las zonas montañosas y mineras de la Biosfera Sierra de Manantlán son el negocio que defienden organizaciones delincuenciales.