La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma educativa que adiciona y modifica el artículo 3 constitucional, que da autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), y obliga a los maestros a someterse a un examen para ingresar, gozar de promociones o permanecer en el servicio docente.

 

Al cierre de esta edición los legisladores continuaban discutiendo las 32 reservas a diversas fracciones del artículo tercero; con esta reforma se promoverá la creación de un censo magisterial y de alumnado, se regularizará la “comida chatarra”, se promoverá la profesionalización magisterial, las escuelas de tiempo completo y la evaluación magisterial.

 

La iniciativa se aprobó con 424 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones entre aplausos de la mayoría, gritos de los opositores, y una fugas toma de tribuna por parte de petistas y legisladores de Movimiento Ciudadano porque el presidente de la Mesa directiva, Francisco Arroyo, le negó el uso de la palabra a Francisco Huerta Ladrón de Guevara, quien quería hablar antes de que se diera lectura a las reservas presentadas por los partidos.

 

Al petista se sumaron legisladores del MC y del PRD, y tras ellos subieron priistas como Manuel Añorve, quienes se dispusieron a resguardar a Arroyo en caso de que la disputa subiera de tono.

 

Durante la discusión, el presidente de la comisión de Puntos constitucionales, el perredista Julio César Moreno, aseguró que la reforma establece las medidas necesarias para consolidar una educación de calidad, así como la productividad, competitividad económica y el desarrollo social y cultural, que dependen del nivel educativo.

 

Mientras que el Partido Nueva Alianza, en voz de Dora María Talamante, señaló que votaría a favor de la iniciativa enviada por el Ejecutivo ya que se trata de un “bien mayor y de una causa que está por encima de las consideraciones particulares y políticas”; asentó que está reforma tiene que hacerse pensando en los estudiantes y del magisterio.

 

Los representantes de PT y Movimiento Ciudadano, Manuel Huerta y Ricardo Mejía, respectivamente, pidieron que se suspendiera la discusión con el objeto de regular el procedimiento del análisis de la reforma dado que “el modelo autoritario vía fast track se impuso en la realización del mismo”; además, acusaron, se cabildeó “con la dirigente del SNTE a la que no le gusta esta reforma”.