Los saldos de la guerra que emprendió el presidente Felipe Calderón contra las organizaciones de narcotraficantes convirtieron bastas zonas del territorio nacional en cementerios ilegales, en tiraderos de cadáveres.
En esta administración, los entierros clandestinos dejaron de ser exclusivos de las peleas entre los propios narcotraficantes. Ahora, en fosas clandestinas yacen víctimas de secuestros, migrantes atrapados en su camino a Estados Unidos e incluso políticos, empresarios o policías presuntamente involucrados con estas mafias.
En los últimos seis años fueron localizadas 355 fosas clandestinas, es decir, en promedio cinco cada mes. Estos cementerios se encontraron en 26 estados del país y de estos cementerios ilegales fueron exhumadas mil 570 personas.
Más de la mitad de estos cuerpos, de acuerdo con cifras del gobierno federal, no fueron identificados por algún familiar ni a través de las pruebas periciales, por lo que fueron depositados en la fosa común y en menos del 20 por ciento de estos casos las autoridades se quedaron con algún registro dactilar, fotográfico o de ADN, que permita su posterior identificación.
México no es un país formalmente en guerra, pero este tipo de cementerios ilegales son comunes encontrarlos en países que atraviesan una guerra civil o dictaduras, en los que se pretenden esconder el número e identidad de los muertos inocentes.
Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) muestra que 2011 fue el año en que se encontró el mayor número de estos cementerios clandestinos.
Y es Durango es el estado que ocupa el primer sitio en cuanto a número de cadáveres localizados en fosas clandestinas, con 340; le sigue Tamaulipas, con 183, y una entidad en la cual el aumento de la violencia ligada al narco detonó este fenómeno es Guerrero, donde tan sólo de marzo pasado a la fecha han sido localizados 85 cadáveres en ocho narcofosas.