La presente administración deja pendientes importante en materia de violencia de género. Tan sólo de enero de 2011 a junio de este año han desaparecido tres mil 976 mujeres tan sólo en 15 estados del país; la mitad de ellas de entre 11 y 20 años.

 

Para María de la Luz Estrada, coordinadora del área de violencia de género de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir, el presidente electo Enrique Peña Nieto deberá poner especial atención a un problema que afecta en mayor medida a entidades como el Edomex, misma que gobernó hasta mediados del año pasado.

 

Al hacer un balance de las políticas del actual gobierno, la especialista señaló que México tiene muchos marcos normativos de avanzada, “pero no le ha entrado al tema”.

 

En 2007 se aprobó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en 2011 los derechos humanos se convirtieron en un derecho constitucional; y en junio pasado se expidió la Ley contra la Trata de Personas y los Feminicidios.

 

De esta última todavía no se ha publicado el reglamento, a pesar de que ya pasaron los 90 días para hacerlo. El miércoles el Senado exhortó al Ejecutivo a emitirlo lo antes posible.

 

ESTADOS DESCONOCEN LOS TÉRMINOS

 

En el caso de las autoridades estatales, explicó que tienen un problema para definir el concepto de desaparición de una persona. “En Chihuahua, por ejemplo, les preguntas cuántas mujeres desparecieron y la autoridad no nos quiere decir. Les preguntamos también cuantas encontraste, cuantas encontraste vivas o muertas y la autoridad no lo precisa bien”, dijo Estrada.

 

Fue hasta el año pasado cuando comenzaron a hablar de desapariciones como tal, ya no de extraviadas o ausente, indicó la especialista en conferencia de prensa.

 

Los únicos estado que pudieron dar cifras al respecto fueron Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Jalisco, Durango, Colima, Quintana Roo, Sinaloa Tamaulipas, Tabasco Zacatecas, Sonora y Veracruz.

 

Sin embargo, todavía hay inconsistencias en estas entidades. Por ejemplo, el gobierno veracruzano reportaba 800 desapariciones por año desde 2007, pero cinco años después sólo registra 43.

 

La edad de las mujeres desaparecidas, de entre 11 y 20 años, las vincula claramente con delitos de trata de personas y explotación sexual. “Los gobiernos -dice- saben donde están los corredores sexuales y que las están explotando, pero no hacen nada”.

 

Añadió que la estrategia del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado carece de una visión de equidad de género y de respeto a los derechos humanos, lo que ha propiciado “levantones de placer”, es decir, cuando la mujer es secuestrada, violada y asesinada, además del delito de trata de blancas.

 

EL RETO DEL PRESIDENTE QUE NO CUMPLIÓ

 

La siguiente administración tiene que garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, además de contar con un registro oficial de desapariciones y un procedimiento eficaz para su búsqueda.

 

Sin embargo, el presidente entrante, Enrique Peña Nieto, dejó inconcluso el tema de feminicidios y desapariciones cuando fue gobernador del Estado de México. Estrada recordó que en 2009, siendo mandatario aceptó que tenían un problema y se comprometió a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revisara los expedientes y diera un informe detallado de la situación, cosa que no ocurrió.

 

Aunado a esto, el nuevo PRI, que presume una renovación, deberá recuperar la legitimidad, sobre todo cuando tiene a figuras como Emilio Gamboa Patrón trabajando en el Congreso de la Unión, a quien Lydia Cacho vinculó con la red de trata de menores en complicidad con el ex gobernador de Puebla Mario Marín.