Al igual que en el caso de Acapulco, la opacidad en las cuentas públicas, una pobre recaudación fiscal y aumento en la contratación de deuda a corto plazo son las principales causas de la debilidad financiera que enfrentan los municipios del país.

 

Según el Índice de Viabilidad Financiera Municipal 2012 elaborado por la firma ARegional, 86 de los 108 municipios analizados presentaron deficiencias en su gestión financiera durante el periodo 2008-2010, al comparar factores como la generación de recursos propios, capacidad de endeudamiento y control del gasto operativo.

 

Los municipios peor evaluados fueron Nuevo Laredo, Tamaulipas; Tonalá, Jalisco; Tepic, Nayarit, y Atizapán de Zaragoza, Estado de México, debido a su alto gasto administrativo, desequilibrio en sus finanzas y bajos ingresos propios como producto de una pobre recaudación a través del cobro del predial y servicios de agua potable y saneamiento, principalmente.

 

Entre las localidades con los mejores puntajes está San Andrés Cholula, Puebla; Acapulco, Guerrero; Irapuato, Guanajuato, y Corregidora, Querétaro.

 

Para la doctora Flavia Rodríguez, responsable del estudio, el mal puntaje obtenido por Acapulco refleja un problema estructural en las finanzas municipales, debido a que la falta de regulación y transparencia en la contratación de deuda a corto plazo genera una crisis imperceptible que en ocasiones puede contrastar de manera significativa con los montos reportados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las calificadoras de riesgo.

 

Por ello, la especialista considera “perturbador” que uno de los pocos municipios que había registrado un superávit de 2008 a 2010, haya sido declarado en quiebra en días recientes luego de que el actual alcalde de Acapulco, Luis Walton, solicitara a la Federación un rescate financiero para solventar una deuda de mil 561.8 millones de pesos.

 

Violencia, otro golpe

 

Otro de los resultados del estudio sugiere que el problema de la inseguridad en la región norte y centro del país ha provocado un aumento del gasto corriente, destinado principalmente a los cuerpos policiales, además de un deterioro en la economía local que se traduce en una mayor vulnerabilidad financiera para los ayuntamientos.