La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que existen elementos para presentar una denuncia de juicio político contra ex funcionarios públicos de Guerrero involucrados en el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde murieron dos estudiantes y un trabajador de una gasolinera.
En un comunicado, el organismo detalló que debido a las violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas por actos y omisiones están señalados Alberto López Rosas, en ese entonces procurador general de Justicia, y Ramón Almonte Borja, quien fungía como secretario de Seguridad Pública y Protección Civil.
De acuerdo con la recomendación 1VG/2012 por los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, la CNDH determinó que es procedente el juicio político debido a violaciones a los derechos fundamentales, de acuerdo con la Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de esa entidad.
El documento del organismo defensor de los derechos humanos fue dirigido al gobierno de Guerrero, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Congreso local.
La CNDH precisó que de acuerdo con estos ordenamientos legales “el juicio político es de naturaleza eminentemente administrativa, por lo que la sanción que se dicte deberá consistir en la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde uno hasta 20 años”.
En este sentido llamó al gobierno de Guerrero, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero, a cumplir con los términos de la recomendación emitida por este organismo.