México es el estado miembro la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor número de asesinatos y violencia, lo cual ya genera un impacto directo sobre la economía, advirtió José Ángel Gurría Treviño, secretario del organismo.

 

“En América Latina, la República Mexicana no es el país con las tasas más altas de violencia. Sin embargo, en la OCDE sí, y es un consuelo bastante malo de que haya otros países con tasas de criminalidad más alta que México en la región”, dijo ayer durante la presentación de un estudio sobre seguridad, justicia penal y competitividad, en la Secretaría de Economía.

 

La repercusión del delito en el bienestar y cohesión social de los mexicanos ya es palpable, además de que genera consecuencias sobre el crecimiento económico y competitividad, señaló.

 

“La violencia y criminalidad tiene un impacto económico en crecimiento, en desarrollo, en exportaciones, en empleos, así como en la calidad de vida de los ciudadanos”, precisó el secretario general de la OCDE.

 

Aseguró que las amenazas sobre la integridad física de las personas y la propiedad en este país provocan un incremento de los costos empresariales y la apreciación de riesgo para los inversionistas interesados en llegar a territorio nacional.

 

“La gente dice: bueno, yo necesito un rendimiento económico todavía mayor, porque necesito compensar que hay un mayor riesgo”, puntualizó.

 

Según el representante del organismo internacional, el delito y la seguridad pública son los temas que más le preocupan a los mexicanos, incluso más que pobreza y desempleo.

 

Cuando menos 68% de los mexicanos dice no sentirse seguro en su lugar o región de residencia, recordó el ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 

Y en la República Mexicana sólo cuatro de cada 10 personas confían en la policía, los jueces y los ministerios públicos.

 

Añadió que los procedimientos judiciales tienen falta de transparencia, corrupción y complejidad, factores que minan la confianza de los inversionistas.

 

Juan Pardinas Carpizo, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que en el país se invierten 60 dólares por persona para la justicia penal.

 

“El problema de inseguridad es regional, es decir, que en entidades como Yucatán los ciudadanos se la pasan bien”, agregó.