Con 447 votos a favor, uno en contra y sin ninguna abstención, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentada por el Ejecutivo Federal con carácter de preferente.

 

El dictamen aprobado, que será devuelto al Senado con las modificaciones avaladas para su trámite correspondiente, tiene como objetivo que la información financiera de los tres niveles de gobierno se presente de forma clara, sencilla y accesible a la sociedad y a los órganos de fiscalización y evaluación, además de combatir el desvío de recursos y prácticas indebidas.

 

Las sanciones administrativas y penales a las que se harán acreedores los servidores públicos que no cumplan con lo dictaminado van desde dos a siete años de prisión, una multa de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente a quien cause daño a la hacienda pública o el patrimonio del ente público correspondiente.

 

Los artículos que fueron modificados y aprobados en su redacción por la Cámara Baja son: 8 y 9 con 447 votos a favor, ninguno en contra y una abstención; asimismo, se desecharon la reservas del 69 y 73 y se retiró la del 4 transitorio.

 

De tal manera que el Artículo 8 quedó de la siguiente manera: en el caso de que el Consejo Nacional de Armonización Contable requiera de la participación del titular de la Auditoría Superior de la Federación, se reserve el derecho de invitarlo con la frecuencia necesaria para contribuir a sus trabajos.

 

Mientras que el Artículo 9 establece mediante una adición al texto de su fracción IX: para el cumplimiento de las obligaciones que refiere este transitorio, los municipios con menos de 25 mil habitantes, así como aquellos de usos y costumbres, accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley destinados a capacitación y desarrollo técnico en los términos resultantes del diagnóstico que para tal efecto elabore el consejo.

 

Al fijar su posicionamiento, el PRI -a través de la diputada Patricia Araujo-, destacó que la reforma parte de una exigencia ciudadana de mayor transparencia de los asuntos públicos y de una efectiva rendición de cuentas de autoridades, representantes populares y funcionarios.

 

El diputado Ricardo Villarreal, del PAN, indicó que la falta de transparencia no es exclusiva de algún estado o municipio, sino una práctica casi generalizada, por lo que a través de la reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental se obligará que exista transparencia.

 

Por el PRD, Guillermo Sánchez Torres anotó que la reforma representa un avance muy importante, aunque todavía insuficiente en materia de transparencia y rendición de cuentas, dado que el nivel de endeudamiento de las entidades federativas ha crecido en forma alarmante durante este sexenio.

 

Del Verde Ecologista, el legislador Tomás Torres apuntó que México cruza por una crisis peor a la de la violencia, y es la falta de confianza, porque en un lapso superior a 10 años, el Presupuesto Federal ha crecido en casi 300%, pero la pobreza, la marginación y el anhelo de bienestar social no se logra porque no se sabe a dónde van a parar los recursos.

 

Asimismo, la diputada Sanjuana Cerda, de Nueva Alianza, dijo que para la consolidación de un Estado democrático, los órganos gubernamentales deben operar a la vista de todos y avanzar hacia una etapa histórica donde la corrupción, el despilfarro, la ineficiencia, la impunidad y la insensibilidad de los servidores públicos se combatan con decisión y sin consideraciones de ningún tipo.