El “oso” que hizo a nivel nacional el personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del Municipio de Zaragoza, por el maltrato de un ejemplar en peligro de extinción, pareciera que ese será todo su castigo.

 

La secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez, confirmó que no irán a la cárcel, ni perderán sus empleos, mucho menos pagarán una abultada multa por la tortura aplicada a una osa.

 

“No creo que sea un dejo de impunidad”, comentó, “pues hay una multa —de 14 mil pesos— que se aplicará al cuerpo municipal (es decir a la institución), porque lo que hicieron fue como funcionarios públicos y no como personas”.

 

Corroboró que no fueron despedidos porque son voluntarios, no es personal que esté trabajando para el Municipio.

 

“El peor castigo que recibieron fue la exhibición del acto y la reprobación que del público. Deberíamos ser civilizados, y lo mejor que podemos hacer por ellos es capacitarlos, enseñarles cuál es el trato digno a la fauna silvestre”, apuntó.

 

Da igual forma advirtió que en las zonas urbanas se han visto varios avistamientos porque es el tiempo en que bajan porque en la sierra hay sequía, poca agua. En las partes altas de la montaña escasea la comida y seguramente se verán más osos.

 

Explicó que Zapalinamé tiene una situación muy especial porque es un corredor, donde los osos transitan de la Sierra de Arteaga hasta las sierras de General Cepeda y Parras.

 

“Los más interesados en que no haya maltrato a los osos somos la Secretaría del Medio Ambiente porque tenemos a nuestro cargo la custodia de estos animales, y los osos, en particular, son el símbolo vivo de la conservación en Coahuila, son los mamíferos terrestres más grandes del país, y son animales muy queridos por toda la población”, afirmó.

 

Por la osa

 

La osa volvió a su hábitat después de pasar más de 24 horas en observación, y asegurándose que presentaba un buen cuadro de salud.

 

En cuanto a las sanciones que se aplicarán a las personas que participaron en la captura poco amable de “Bella”, la Procuraduría de Protección al Ambiente, determinó que corresponde a 250 salarios mínimos (14 mil 770 pesos) y aún se espera la multa por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.